Ante el descubrimiento de una red que presuntamente practicaba abortos clandestinos y traficaba con recién nacidos, Javier Orlando Prieto Peña, director del Instituto Departamental de Salud, indicó que la oficina de vigilancia y control de esa entidad iniciará una inspección a la clínica La Samaritana.

“Aunque es un tema de Fiscalía, en nuestra visita miraremos qué posibles fallas ha tenido la prestación de los servicios y ya se establecerán cuáles son las sanciones, una vez se determinen las responsabilidades. Nosotros actuamos en compañía del comité de ética médica”, aseguró el funcionario, quien precisó que nunca tuvieron denuncia alguna al respecto, así como tampoco fueron informados por la Fiscalía.

Por estos hechos, fueron detenidos el médico Rubén Dávila Navarro, de 57 años, y las enfermeras Nancy Yaneth Bastos Torres, de 40, y Yasmín Alcira Muñoz, de 39. También  Javier Mauricio Jaimes Leal y Raúl Antonio Caicedo, este último de 41 años.

“Hemos establecido que la oficina de vigilancia y control revise las condiciones de los servicios que se vienen prestando sobre todo en el tema de maternidad segura. En el 2012 ya le habíamos hecho una visita”, dijo Prieto Peña.

Por ahora, agregó, mientras no se tenga un criterio para determinar el cierre de la clínica, “no lo podremos hacer porque no estamos facultados para ello”.

Según se conoció, Dávila Navarro es uno de los propietarios de la clínica donde se practicaban los abortos, en sociedad con dos hermanos. Además, uno de los hombres capturados es el esposo de una de las enfermeras detenidas.

El comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Jaime Barrera, explicó que la forma de actuar de esta red consistía en atender inicialmente, en un centro asistencial del barrio La Playa (Cúcuta), a las mujeres que deseaban abortar, para luego remitirlas a la clínica donde se realizaban estas prácticas clandestinas.

El oficial afirmó que la red cobraba entre $450.000 y $600.000 por un aborto. Por la venta de cada niño recibían entre 4 y 5 millones de pesos.

Los capturados deberán responder por tráfico de niños, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y supresión, alteración o suposición de estado civil.

Audiencia

Al cierre de esta edición, aún se esperaba el inicio de la audiencia de legalización de las capturas, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

La diligencia, programada desde la mañana de ayer, se prolongó debido a un impedimento porque el juzgado asignado fue el mismo que emitió las órdenes de captura y debe ser otro, en aras de garantizar el debido proceso.

La situación fue expuesta por los abogados de los procesados, quienes solicitaron una nueva asignación de juzgado.