Luego de varios días de llevarse a cabo las audiencias concentradas contra Milangela Julieth Durán Silva, más conocida como ‘Mila’, de 29 años; su hermana Wendy Mishel Durán Silva, de 27, y su mamá Omaira Elena Silva Gómez, de 60; Faysure Yvonne Silva, de 42; Willid Leonardo Chacón Silva y Edwin Antonio Ruiz Zapata, un juez decidió mandarlos a todos a prisión.

A los integrantes de esta familia les imputaron los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Pero también podrían ser pedidas en extradición por Panamá, pues las autoridades de este país le solicitaron a la Interpol que les expidieran circulares rojas y azul, porque deben enfrentar otros cargos penales allá.

Aunque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) ha decidido no hablar sobre esta organización criminal, La Opinión ha logrado conocer algunos detalles de cómo se dio la investigación.

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Las pesquisas

El imperio económico de la familia Durán Silva se comenzó a construir por lo menos hace cuatro años, según lo establecido por las autoridades, cuando comenzaron a engañar niñas y mujeres, ofreciéndoles oportunidades de trabajo en Panamá y Ecuador.

Supuestamente, Faysure Silva se encargaba de ubicar a las víctimas, que debían ser de escasos recursos económicos o migrantes, porque así se les facilitaba mucho más poderlas engañar, ofreciéndoles muy buenos ingresos en dólares, con la idea de que podrían ayudar a su familia, además, debían cumplir con ciertos rasgos físicos.

“Estas mujeres lo que les decían a las víctimas era que necesitaban jóvenes para que les cuidaran unos apartamentos que tenían en Panamá y Ecuador, que iban como empleadas del servicio para hacer aseo, pero también les hablaban de trabajar en hoteles y que les pagarían muy bien en dólares”, contó una fuente extraoficial.

Como las víctimas eran de bajos recursos, les creían y aceptaban los trabajos. “Una vez las jóvenes les decían que sí, empezaban a prepararlas y hacerles el papeleo, en algunas ocasiones les indicaban que debían salirse de sus casas y las llevaban a otra residencia, donde las mantenían por varios días, hasta cuando les sacaban los pasaportes y les compraban los pasajes”.

Cuando ya tenían el viaje organizado, ‘Mila’, su hermana y su mamá, se encargaban de acompañarlas hasta su destino final, que era Panamá o Ecuador. “Una vez llegaban a alguno de esos países, Willid Chacón o Edwin Ruiz, se encargaban de controlarlas y de explotarlas sexualmente”.

Lo que han podido conocer las autoridades es que cuando las víctimas ya quedaban en poder de los hombres, se daban cuenta de que habían caído en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. A las víctimas les imponían deudas que oscilaban entre los 3.000 y 3.500 dólares, cobrándoles los pasaportes, los pasajes y la estadía, dinero que les era imposible pagar para devolverse rápidamente.

Y para evitar que alguna de las víctimas hiciera algo que pusiera en riesgo a la organización criminal, les quitaban los pasaportes, las mantenían encerradas y las amenazaban con matarlas o con asesinar a alguno de sus familiares en Cúcuta.

Además, las obligaban a tener relaciones con varias personas, pues diariamente debían entregarle 400 dólares a quienes las cuidaba.

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Las autoridades también conocieron que la peor parte la llevaban quienes llegaran a quedar embarazadas, pues las golpeaban con patadas o puños y les inyectaban algunas cosas para que abortaran.

Los investigadores también se enteraron que algunas de las víctimas habrían sido violadas por los hombres que las cuidaban y las que no accedían a sus pretensiones eran golpeadas.

A las víctimas tampoco les permitían comunicarse con su familia, pues la red sabía que corría un riesgo de que ellas dijeran algo, por eso siempre las mantenían aisladas de cualquier teléfono.

En la investigación también se conoció que semanalmente los que estaban cuidando a estas mujeres, las llevaban a una agencia de giros internacionales y las hacían poner dinero a nombre de quien dijera Faysure Yvonne o ‘Mila’, pues no querían despertar alguna sospecha.

Extraoficialmente se conoció que las autoridades tendrían identificadas a varias personas que contrataron a esta estructura criminal para satisfacer sus deseos sexuales con menores de edad, entre los que habría algunos políticos, narcotraficantes y hasta miembros de la Fuerza Pública.

Mediante las interceptaciones, los investigadores conocieron cómo eran los movimientos de la red y quiénes eran sus clientes, por eso están recopilando más pruebas en algunas ciudades de Colombia, donde llegaron sus tentáculos.

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