Sus miradas reflejan cansancio, desesperanza, tristeza, indignación. La vida les cambió en un momento y su único pecado es ser colombianos y haberse establecido ilegalmente en la frontera tachirense. Se asentaron hace más de 10 años en comunidades que nacieron de manera irregular: Mi Pequeña Barinas y La Invasión, en San Antonio del Táchira.

Aunque eran conscientes que habitaban terrenos que nos les pertenecían, el vivir en ellos por mucho tiempo bajo la anuencia tácita de las autoridades les borró de sus mentes que podrían salir de allí sin nada. Esta descripción hace referencia a los más de 1.100 connacionales deportados desde Venezuela y a los 5.000 que han abandonado el país vecino por miedo a este proceso.

Son muchas las historias, algunas muy trágicas, las que hay detrás de los colombianos devueltos. Algunos aún intentan recuperar sus “corotos” atravesando el río que divide ambas naciones: Táchira, ese afluente que por estos días guarda lágrimas, sudor, llanto y otros sentimientos.

Otra vez la hicieron huir

En 1999, Senaida Vargas huyó de la violencia paramilitar que se desató en La Gabarra, Norte de Santander. En búsqueda de una vida más amable pensó en la frontera tachirense, a la que llegó hace poco más de 10 años. En Mi Pequeña Barinas, con su esposo formó su casa, junto a la de su papá.

El pasado miércoles, cruzó el río varias veces para buscar sus pertenencias, luego de haber huido el viernes por miedo a la deportación. Al principio se mantuvo escondida. “Nunca pensé que me iban a sacar, porque ya venía desplazada de la violencia”, afirmó la mujer, quien al momento de la entrevista estaba muy preocupada porque su padre, de 78 años y con una enfermedad pulmonar, se había perdido.

“Mi papá estaba en la casa y la Guardia (Nacional Bolivariana) no lo dejaba salir porque está muy abuelito y no oye, pero me llamó llorando que se quería venir. Fui buscarlo, pero se vino un poquito antes y ahora no lo encuentro. No sé si ya cruzó”.

Vargas fue avisada por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de que debía irse de Mi Pequeña Barinas. A pesar de ser operaria de máquina plana; en Táchira se ganaba la vida vendiendo café en termos.

Ahora guarda la esperanza de que el Gobierno Nacional le tienda la mano, pues permanece en un refugio de Villa del Rosario, en donde la han atendido bien, “gracias a Dios”.

Sufre porque a su hijo lo etiquetaron de ‘para’

Otra de las duras tragedias colombianas, tras el cierre de la frontera Táchira-Norte de Santander ordenada por Nicolás Maduro el 19 de agosto y los operativos de las autoridades venezolanas, es la que vive Miriam Mejía. Su hijo fue detenido por los cuerpos de seguridad de Venezuela el sábado anterior al mediodía, en el sector La Invasión.

“Mi hijo no tenía documentos cuando lo agarraron porque fue de improvisto, se encontraba en franelilla, ‘short’ y cholas, lavando en la casa de la novia que vive allá y quien también es colombiana. Él se quedaba los fines de semana allá”.

La desconsolada madre afirmó que a Jonathan Alexis Correa Mejía lo arrestaron entre los ocho primero hombres que capturaron en la zona y el gobierno de Nicolás Maduro acusó de paramilitares y de integrar la banda ‘Los Urabeños’.

“Me di cuenta de que se trataba de él cuando vi las noticias y lo reconocí por lo ropa que vestía (a los detenidos les pusieron capucha) y una señora me avisó que lo habían agarrado. No sé nada de él, solo que lo tienen en tribunales, que tal vez lo trasladen a Caracas y que fue golpeado”, exclamó envuelta en llanto.

Enfatizó que su hijo no es ningún paramilitar y que tras horas de sus detención un amigo fue a llevarle su cédula, pero la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se la quedó. “Por favor, pido que me ayuden, que lo investiguen, él no tiene antecedentes y nada que ver con eso de lo que lo acusan. Es un chino sano”. Miriam Mejía espera que el presidente Santos atienda su caso.

Con muchas canas y ganas de levantarse

Otra cara de la crisis fronteriza es la deportación. Eduardo Díaz vivió este traumático procedimiento el domingo 23 de agosto. “No nos dejaron sacar nada”, subrayó este hombre de 67 años, quien llevaba 10 años en San Antonio del Táchira y dejó su casa de bloque y cemento en Mi Pequeña Barinas, en donde vivía con su esposa María Rosalba Pulido, de 66.

Este colombiano, oriundo de Tolima, llegó a la frontera colombiana hace más de una década procedente de La Dorada, Caldas. Su sobrina, quien tiene una lavandería en la vecina ciudad venezolana, lo invitó a trabajar, allí cumplía con varios oficios y finalmente se quedó como vigilante del establecimiento. Gracias a esa labor levantó su hogar.

“Nadie se imaginó que esto pasaría, todo el mundo invirtió y perdió. La mayoría de los vecinos es gente humilde. Y los que pasan productos para Colombia es porque le pagan a la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos –los guardias– le cobran a usted por dejar pasar”.

El hombre, bañado por las canas, pero también con muchas ganas de volver a empezar su vida en Cúcuta, debido a que no se quiere ir a La Dorada, indicó que ellos no fueron maltratados por los funcionarios venezolanos como sí les pasó a otros de sus paisanos y es consciente de que su vivienda será demolida, pues fue lo que les dijeron.

“Nosotros somos cristianos y los de la iglesia quedaron en guardar nuestras cosas”, alegó Díaz, quien tiene su esperanza en el presidente Santos, piensa en que él le dé al menos un “rancho”. Resaltó que Mi Pequeña Barinas estaba constituida legalmente, pues había un consejo comunal avalado por el gobierno de Maduro. Sin embargo, eso al jefe de Estado “no le importó”.

“Ya lo que fue, fue. Qué ganamos con insultar a esa gente (los del Ejecutivo de Venezuela). Le damos gracias a Dios por lo que nos queda y que Dios bendiga a ese país, a sus gobernantes que han hecho eso, la gente de ese país no tiene culpa. La Guardia tampoco tiene culpa, cumple órdenes y ahí hay gente muy buena”.

Eduardo Díaz pide “al Señor que le cambie –a las autoridades de Venezuela– esa forma de actuar con la gente colombiana y les dé sabiduría”.