Por medio de una acción popular contra la Presidencia de la República, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Defensa Nacional, el exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París Lobo, busca que el Gobierno Nacional entregue garantías y seguridad para que sea posible reactivar el intercambio comercial con Venezuela, por Norte de Santander, después de tres años del cierre de los puentes internacionales.

Con este mecanismo judicial, el ahora  candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal intenta que se declare que los accionados, es decir, las entidades del Estado antes mencionadas, están vulnerando, por omisión, los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad, acceso a la infraestructura pública, libre competencia económica y el acceso a los servicios públicos.

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“Puedo afirmar que se están vulnerando derechos e intereses colectivos protegidos en la Constitución Nacional, Derechos e Intereses colectivos que fueron contemplados en la Ley 472 de 1998”, asegura Ramírez. 

¿Y cuáles son las pretensiones ?
El candidato a la Cámara, quien se mostró muy activo el año pasado junto con el ahora gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, durante el proceso de retiro de los contenedores que bloqueaban el paso por los puentes internacionales, pide con su acción popular que se decreten varias medidas cautelares.

La primera de ellas, es que se ordene el retiro de las vallas que obstaculizan el paso de las personas por el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira.

Así mismo, que se le exija a la DIAN prestar de forma inmediata e ininterrumpida los servicios a su cargo para la entrada y salida de mercancías, bienes y servicios por el puerto fronterizo ubicado en el Puente Francisco de Paula Santander, que une a Cúcuta con la población venezolana de Ureña.

También busca ordenar al Ministerio de Defensa para que “disponga el aumento de pie de fuerza pública y su destacamento permanente en la zona fronteriza de Norte de Santander con Venezuela, y otras medidas que considere útiles y pertinentes”.

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Ramírez recordó que, en aplicación de la Resolución 0746 del 1 de junio de 2021, expedida por el Ministerio del interior, el Gobierno Nacional ha permitido ya la normalización de la operación por Paraguachón (La Guajira), frontera con Venezuela, e Ipiales (Nariño), que limita con Ecuador,  situación que no ocurre en Norte de Santander.

“Respecto a los pasos fronterizos ubicados en Norte de Santander, el Gobierno Nacional no ha desarrollado el mismo trato, pues de una parte mantiene vallas en los puentes y de otra parte no está prestando los servicios a cargo de la DIAN para el paso correcto, ordenado y legal para la entrada y salida de las mercancías bienes y servicios”, reprocha el aspirante.

Esto, según el demandante, trae consigo “la vulneración del derecho colectivo de la libre competencia, al tratar al puerto terrestre de Cúcuta de forma desigual frente a otros.

¿Qué dicen los expertos?
Para el constitucionalista y analista político, Juan Manuel Charry, no es viable que la justicia decida sobre un tema de relaciones internacionales. Además, el experto cuestionó que el mecanismo de acción popular al que acudió Donamaris, podría tardarse más en ser resuelto por parte de los jueces, frente a lo que hubiese sido una tutela.

“El manejo de las fronteras y de las relaciones internacionales es tema del presidente de la República como jefe de Estado (Iván Duque). La acción popular es una acción que protege derechos colectivos como patrimonio público, espacio público, que yo no veo claro que esté involucrado en un tema de relaciones internacionales, que por supuesto afecta más intensamente a las poblaciones limítrofes”, planteó.

Charry consideró que en este mecanismo se vincula a autoridades públicas y ellas tendrán que responder la demanda en los términos jurídicos. Su respuesta, entre tanto, depende de las medidas cautelares pedidas, pero insistió en que su duración va a ser mayor frente a la respuesta de una tutela.

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Por su parte, Carlos Enrique Moreno León, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, sostiene que adoptar la acción popular sí fue un mecanismo correcto, debido a que se están vulnerando algunos derechos colectivos a una región, que sí se le permiten a otra.

“Tocaría ver las diferencias en los dos territorios (Paraguachón y Cúcuta). Hay que tener en cuenta el tema de seguridad, el otro es la migración, pues podría ser más agresiva por este puente. Lógicamente los impactos económicos pueden ser más severos en Cúcuta, frente a las otras fronteras”, expresó.

Frente a si el actuar de Ramírez es populista, entendiendo que se avecina una jornada electoral y el accionante figura como candidato, el docente argumenta que es posible, pero asegura que los jueces no van a responder en el mediano plazo por tratarse de una acción popular, por lo que poco podría beneficiarlo o no la campaña.

“Esto podría llevar a que el candidato intente demostrar que sí está haciendo algo por los ciudadanos mientras que otros  se dedican a campañas tradicionales”, dijo.

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