El episodio que vivió el pasado martes la candidata Mayra Alejandra Gaona, aspirante a la curul de paz en el Catatumbo, es el primer caso reportado de obstrucción al ejercicio electoral en Norte de Santander y un hecho que enciende las alarmas sobre las dificultades a las que se están enfrentando los aspirantes para cautivar votantes, en medio del accionar de los grupos armados ilegales.

Según narró Gaona, de la Asociación de Víctimas Camino de Esperanza Las Mercedes, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba en la vía entre El Tarra y Tibú, se lo llevaron  y procedieron a quemar su publicidad electoral, dejándola a su suerte en medio de la lluvia.

Tras esta situación, varios son los interrogantes que han surgido respecto a qué tan seguros están los candidatos tanto a la curul de paz, como al Senado y la Cámara territorial, para poder cumplir con su ejercicio de campaña y llevar sus propuestas a los diferentes rincones del departamento.

Otras denuncias
Después de lo acontecido en el Catatumbo, el partido Centro Democrático confirmó que esta es una de las colectividades que ha tenido que enfrentar serias dificultades para poder hacer proselitismo e incluso señalaron que el Catatumbo es hoy un territorio prohibido para sus candidatos.

“Nuestros candidatos no han podido llegar o ingresar allí por las mismas recomendaciones de seguridad de las autoridades, manifestando el riesgo de hacer proselitismo político en la zona del Catatumbo”, aseguró Diego Villamizar, coordinador del CD en Norte de Santander.

Según el directivo del uribismo, esta prohibición no es nueva. “Llevamos  varios años en la misma situación, pues en las elecciones anteriores no pudimos tener candidatos al concejo ni a las alcaldías de estos municipios del Catatumbo”, señaló.

Villamizar sostuvo que los candidatos han tenido el acompañamiento de la Policía y del Ejército, pero asegura que en la zona del Catatumbo estos esquemas de seguridad implican un mayor riesgo.

“No sé quién lleva más riesgo, si los candidatos o los mismos miembros de la Fuerza Pública. La verdad es poner en riesgo la vida de estos militares”, enfatizó.

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Otro aspirante que denunció amenazas directas para adelantar su ejercicio electoral en la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña es el exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez, quien en un video en vivo grabado en la vía a El Zulia leyó lo que sería una intimidación por parte de un grupo armado no identificado.

“Hacemos un llamado a Donamaris a que se abstenga de venir a hacer proselitismo en la zona de la provincia de Ocaña, en Tibú y el Catatumbo. Resaltamos que por su función social permitimos que durante el último año haya recorrido los puntos más alejados del departamento como periodista; debido a que ahora es candidato, se exige que abstenga de hacerlo”, leyó sobre la amenaza. 

Según el candidato, en el mensaje que le enviaron a su teléfono celular le advertían que solo podía seguir con su campaña en la capital nortesantandereana y el resto del departamento, “de lo contrario tendrá que atenerse a las consecuencias de nuestro accionar militar”.

“Siento que me quieren secuestrar electoralmente en Cúcuta, no quieren permitir que salga de Cúcuta; me están prohibiendo ir a Tibú, yo debería ir a Tibú y a Ocaña mañana, en donde tenía un evento con unos concejales”, expresó el aspirante liberal, el fin de semana anterior.

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Otros candidatos que han denunciado limitaciones para adelantar su ejercicio político son Luis Fernando Niño y Francisco Javier Cuadros, aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, por la Coalición de la Centro Esperanza. 

En una reunión con periodistas, Niño aseguró que le aconsejaron no devolverse de Ocaña a Cúcuta por la vía principal después de una reunión en esa provincia.

En el caso de Cuadros, el candidato a la Cámara alertó que no pudo cumplir con dos reuniones que tenía programadas en el municipio de El Zulia, debido a que miembros de la Policía Nacional le sugirieron que no existían garantías de seguridad para hacerlas.

“Estamos adelantando una campaña electoral sin garantías, no solo en la compra y venta de votos, sino con unas condiciones de seguridad que nos ponen en real desventaja”, señaló el aspirante a la Cámara.

¿Cómo se está protegiendo a los candidatos en Norte?
El coronel Carlos Martínez, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), en diálogo con La Opinión, explicó que actualmente en su jurisdicción se adelantan dos planes de seguridad frente al desarrollo de los comicios electorales: el Plan Ágora y el Plan Democracia.

Frente al primero, el oficial aclaró que está diseñado para las personas que están haciendo campaña política. “Esas personas se presentan, se hace una evaluación interinstitucional entre los Ministerios de Interior, Defensa, Policía, Fuerzas Militares, UNP y Fiscalía y se asignan las medidas que correspondan”, sostuvo.

Con relación al Plan Democracia, esta estrategia está relacionada con el despliegue de la Fuerza Pública para el certamen electoral que será el próximo 13 de marzo.

“Desde el mes de diciembre se está estructurando este plan, ya estamos cercanos al 60% del despliegue de los centros de votación y aspiramos que en la primera semana de marzo ya estemos ubicados hacia esos sitios”, dijo Martínez.

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Sobre las denuncias hechas por los candidatos, el comandante aseguró que han sostenido reuniones con varios de ellos, incluyendo a los de la Citrep, y sostuvo que tienen una comunicación fluida, “en medio de los retos que implica la presencia de carteles de las Farc, el Eln, Los Pelusos, entre otros grupos que tratan también de incidir en el tema de elecciones”.

“Todos los partidos tienen línea directa con las autoridades del departamento, no solamente con la Policía sino con las Fuerzas Militares, Gobernación y la Registraduría. Actualmente se hace lo que se tenga que hacer para brindarle las garantías  a todos”, manifestó.

Lo ocurrido ya con una candidata y las denuncias que vienen haciendo los participantes de la contienda que se avecina, evidencian la zozobra que implica hacer campaña en algunas zonas del departamento y reviven lo ocurrido en 2019, durante las elecciones locales, en las que el aspirante a la Alcaldía de Tibú, Bernardo Betancourt Orozco, fue asesinado faltando apenas un mes para las votaciones.

Las alarmas están encendidas

En el cuarto informe sobre el desarrollo del proceso electoral emitido por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) se detalla que de los ocho municipios en donde se elegirá la curul de paz, Tibú, Sardinata, Hacarí, San Calixto, El Carmen, Teorama, Convención y El Tarra, todos tienen presencia del Eln, Epl y de GAPF, a excepción de El Carmen, en el que no se encontró la presencia de disidencias.

Días atrás, la Misión de Observación Electoral (MOE) también advirtió que el 100% de estas localidades se encuentra en riesgo permanente por la presencia de grupos armados organizados y la intensidad de las acciones violentas que estos generan.

Respecto a cómo puede afectar la violencia la jornada electoral en Norte de Santander, la MOE, en la presentación de los mapas de riesgo reveló que el grupo técnico evidenció que en 17 municipios podrían presentarse hechos de violencia antes, durante y después de las elecciones. 

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Según encontraron los investigadores, nueve localidades se encuentran en riesgo extremo, seis en riesgo alto y dos en riesgo medio. 

La MOE precisó que estos datos se calcularon teniendo como base los eventos de conflicto, por lo que se creó un modelo estadístico para predecir el nivel de presencia de cada grupo armado por municipio.

También influye la intensidad de la presencia a partir del número de eventos de conflicto registrados por parte de los 17 grupos armados ilegales en el departamento, además de registro de desplazamiento, agresiones a la libertad de prensa, ataques a líderes sociales y secuestros, entre otros.

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