~Diez años tardaron las Farc para recuperar su hegemonía en el Catatumbo, una región estratégica para sus intereses que habían perdido a comienzos de la década del 2000 con AUC.~ Diez años tardaron las Farc para recuperar su hegemonía militar en el Catatumbo, una región estratégica para sus intereses económicos, sociales y militares que habían perdido a comienzos de la década del 2000 con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Así lo asegura el más reciente estudio del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Este centro de estudios recurrió a diversas fuentes para demostrar que luego de un largo proceso de reposicionamiento, esta guerrilla, que adelanta negociaciones de paz desde hace más de dos años con el gobierno nacional en La Habana (Cuba), logró imponerse como “el principal actor armado” en el Catatumbo, “controlando las economías ilegales y ciertas comunidades campesinas”.

El informe identifica varios aspectos que dinamizan la presencia de las Farc en esta zona de Norte de Santander: los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito y las condiciones favorables para la producción de clorhidrato de cocaína y su exportación a los mercados internacionales a través de Venezuela; los pasos fronterizos, que permiten una actividad constante de contrabando, particularmente de gasolina, sobre la cual cobran un porcentaje; el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas; las ventajas que ofrece como retaguardia su cercanía con Venezuela; y el control de la población rural.

La recuperación de la región por parte de las Farc fue posible, según la FIP, luego de la adopción de varias estrategias para superar ese debilitamiento militar generado por la confrontación con las Auc, destacándose las alianzas con el Eln y el Epl, y con las bandas criminales emergentes, entre ellas Los Rastrojos y Los Urabeños o Clan Úsuga, y la recuperación de las bases sociales campesinas, a las cuales controla férreamente.

La investigación de la FIP determinó que los impactos humanitarios que generan las acciones contra la población civil, en particular hechos violentos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, accidentes por minas antipersonal, secuestros y extorsiones, han disminuido en los últimos dos años “si se comparan con periodos anteriores, lo que se explica, en gran medida, por la ausencia de una disputa territorial entre los actores armados ilegales que allí hacen presencia”.

A esa reducción se suman los efectos positivos que, según líderes de la región, ha tenido el cese al fuego unilateral indefinido decretado por las Farc el 20 de diciembre de 2014. Consultados por VerdadAbierta.com, Eugenio Guerrero, uno de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que “aquí al cese del fuego se le está dando cumplimiento al pie de la letra, hay mucha tranquilidad en la región”.

César Jerez, otro de los voceros de Ascamcat, coincide con Guerrero en estimar que ese grupo subversivo está cumpliendo, aunque advierte que “excepto cuando las tropas (refiriéndose al Ejército) avanzan sobre posiciones de las Farc”. Además, destaca que continúan los enfrentamientos del Ejército con facciones del Eln y Epl.

Las Farc hacen presencia en esta región con el Frente 33 y las columnas móviles Antonia Santos y Resistencia del Catatumbo. Registran actividades en los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata, Ocaña y Teorama.

Esas facciones subversivas hacen parte del Bloque Magdalena Medio (BMM), cuya zona de operaciones se extiende al Sur de Bolívar, Santander, Boyacá y Antioquia. Esa estructura es comandada por Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape y miembro del Secretariado de las Farc e integrante del equipo negociador de la guerrilla en Cuba. Hasta finales de 2014, se refugiaba en el área el máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko.

Detrás de la coca

La Fundación Ideas para la Paz estima que el narcotráfico es la principal fuente de recursos para las estructuras de las Farc que operan en el Catatumbo y determina sus relaciones con los diferentes actores armados que allí se encuentran.

“Las altas ganancias que resultan del cultivo de coca y posterior producción y comercialización de cocaína en el Catatumbo han conducido a una situación de ‘relaciones armónicas’ entre los múltiples actores armados ilegales bajo la lógica de que es más rentable repartirse el botín que disputarse el control del negocio”, dice el informe.

Esa ‘armonía’ de la que habla la FIP se ve favorecida por el incremento sostenido del número de hectáreas sembradas con hoja de coca, particularmente en áreas fronterizas, donde se dificultan actividades de erradicación como la aspersión aérea.

Datos del sistema de monitoreo SIMCI, adscrito a Naciones Unidas, indican que Norte de Santander registró en 2013 un total de 6.345 hectáreas cultivadas frente a las 4.515 registradas en 2012, lo que equivale a un incremento del 40,5%.

En los municipios de El Catatumbo que registran mayor número de hectáreas con cultivos de hoja de coca para uso ilícito, hay una mayor actividad armada de las Farc. Los más afectados por esta situación son Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y Sardinata, añade el reporte de la Fundación Ideas para la Paz.

“Al comparar la concentración de cultivos de coca y su accionar armado en la Base de Datos del Conflicto FIP entre los años 2011 y 2013, se encuentra que existe una coincidencia importante entre ambas variables”, asegura el centro de investigaciones.

Las relaciones ‘armónicas’ han permitido una distribución clara del papel que cada grupo armado ilegal cumple en la cadena de narcotráfico en el Catatumbo. Mientras las Farc, y en menor medida el Eln, coordinan y protegen los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, el Epl se encarga del transporte de la sustancia hacia zonas urbanas o el exterior, y las bandas criminales de su venta interna en zonas urbanas, detalla el análisis.

“No obstante, según la información recogida por la FIP, aun  cuando todos los actores armados cumplen un rol en la cadena del narcotráfico, al parecer es la guerrilla de las Farc la que la controla y en esa medida decide quién entra a participar en la misma”.

Otras rentas

La segunda renta ilegal más significativa para las Farc en el Catatumbo, según la FIP, es la extorsión, que, en gran medida, se cobra a quienes se dedican al contrabando desde Venezuela. Testimonios en la región explicaron que en esta actividad “también se han empezado a establecer acuerdos con el propósito de que múltiples actores se vean beneficiados de las ganancias”.

Consecuencia de esos acuerdos se reflejan en el contrabando de gasolina desde el vecino país, que pasó de ser una actividad directa del Frente 33 de las Farc a un negocio cedido a un grupo de narcotraficantes que se conoce como Los Ocañeros, a cambio de una cuota mensual.

“En estas transacciones se ingresan todo tipo de productos desde Venezuela, sobre todo por la frontera con Tibú, en donde el cobro de los impuestos sobre el contrabando lo manejan principalmente las Farc, y en menor medida, Los Rastrojos y Los Urabeños”, advierte el informe de la FIP.

Los corregimientos de Tres Bocas, Petrólea y La Gabarra, muy cerca de la frontera con Venezuela, fueron mencionados por las fuentes consultadas en terreno por los investigadores de la FIP como puntos importantes para las actividades de contrabando y donde las Farc tienen una notable presencia y accionar armado.

Control social

La investigación de la FIP también permitió establecer que las Farc ejercen un férreo control social sobre varias comunidades rurales del Catatumbo, mediante la imposición de normas de comportamiento en lo social y económico.

“De igual manera, habría cierta presión por parte del grupo guerrillero en los procesos de movilización social, los procesos democráticos y el ejercicio de las funciones públicas”, advierte este informe.

Testimonios recogidos en la región por la FIP indican que en aquellos lugares donde esta guerrilla tiene fuerte presencia rural, como en Teorama, San Calixto, Convención y Tibú, impusieron varias normas de comportamiento, entre ellas la prohibición de la prostitución, el consumo de drogas, los hurtos e involucrarse sentimentalmente con miembros de la Fuerza Pública.

“Las personas que incumplan con estas normas son presionadas a irse del municipio bajo amenazas de muerte, y en otros casos, se les da la opción de alistarse en las filas guerrilleras. No obstante, estas amenazas no necesariamente se cumplen, porque el grupo guerrillero suele dar varias oportunidades para que se deje de incurrir en determinada falta”, dice el informe y agrega que “en algunas zonas se “realizan ‘juicios’ en los que personas influyentes de la comunidad deciden si el que es acusado debe ser ajusticiado o no”.

De acuerdo con documentos de la Defensoría del Pueblo, citados por la FIP, en 2013 las Farc y el Eln “estaban ejerciendo control social a través de reglas de conducta y comportamiento, y de la injerencia en organizaciones sociales y comunitarias en El Tarra, San Calixto y Teorama”.

Las Farc también cumplen un rol de mediador en la resolución de disputas y conflictos entre las comunidades: “Si la comunidad tiene un problema, busca al comandante guerrillero de la zona. Sobre este punto, los entrevistados explicaron que este tipo de soluciones no son necesariamente resultado de una imposición del grupo guerrillero, sino que responden a una decisión voluntaria de la población, ya que es más eficiente resolver problemas de esta manera que acudir a la justicia oficial”.

Algunos habitantes les explicaron a los investigadores de la FIP que los jefes guerrilleros de las Farc “convocan ocasionalmente a reuniones en las que hacen proselitismo político y se discuten temas como las Zonas de Reserva Campesina o los cultivos de coca”.

El propósito de estos encuentros es “reforzar sus bases sociales, un aspecto importante si se tiene en cuenta que la guerrilla ha promovido la organización social e incentivado la movilización”, tal como ocurrió a mediados de 2013 con el denominado ‘Paro del Catatumbo’.

¿Y el futuro?

Pese a las intervenciones del Estado en el Catatumbo, a través, por ejemplo, del Plan Nacional de Consolidación, las comunidades, indica la FIP, expresan altos niveles de desconfianza hacia la fuerza pública y las instituciones gubernamentales por, entre otras razones, “ los altos niveles de corrupción institucional, la constante estigmatización de la que son víctimas por parte de los militares y la idea de que la fuerza pública es incapaz de mantener el orden”.

Ese escepticismo, según este estudio, “contribuye a que las comunidades se muestren escépticas frente a los resultados del proceso de paz y el posconflicto”.

Ante ese eventual escenario de un acuerdo con las Farc y su desmovilización total, la población entrevistada por los investigadores de la FIP en la región expresó dos preocupaciones fundamentales: de un lado, sobre “las dudas que existen frente a la forma en que se harían arreglos institucionales, debido a una deuda histórica del Estado con la región, y qué medidas concretas se van a implementar para lograr la reconciliación”.

Y por el otro, están las inquietudes por la manera como se reconfigurarían los actores armados, que ponen en discusión las futuras condiciones de seguridad de las comunidades.

Ante ello, la FIP planteó dos escenarios: “el primero, que las estructuras de las Farc no se desmovilicen completamente y se conformen otros grupos armados para el control del narcotráfico; y el segundo, que los actores que han estado en segundo plano en el territorio inicien una disputa por el control del narcotráfico y los vacíos territoriales que dejen las Farc”.