Sábado, 1 de Junio de 2013
De la mayor gravedad es la denuncia del alcalde de la ciudad, Donamaris Ramírez-Paris a instancias de la secretaria de salud, según la cual en los cinco meses corridos de este año, han muerto en la ciudad 23 personas por falta de atención oportuna en los centros de salud. Si lo dice el alcalde hay que creerle, él tiene en la mano las cifras que le suministra la secretaria municipal del ramo donde están monitorizando lo que pasa en la ciudad.
Esto es exactamente igual a lo que ha pasado antes en Bogotá y otras ciudades con el llamado paseo de la muerte, solo que aquí no movilizan al paciente, porque se queda en el sitio donde recibió la atención inicial y nunca puede ser evacuado a un centro de mayor complejidad para recibir atención. Por tanto nos sería el paseo sino el pasmo de la muerte.
La situación obedece a una razón que en principio parece única, no hay cama para tanta gente enferma; eso se sabe desde hace rato, la ciudad carece de camas de hospitalización y el déficit supera las 500. Pero, la cosa no para ahí, si se dispone de camas no hay contrato con el hospital o clínicas porque se agotó el último que se había firmado o lo suspendieron por la falta oportuna de pagos. Además, dada la complejidad y gravedad de los pacientes, muchos requieren atención en cuidados intensivos, ahí es cuando interviene el Centro Regulador de Urgencias (CRUE) que, nada puede hacer si no hay disponibilidad de camas en las UCIs.
Con lo poco que se dispone no se puede trabajar en forma adecuada. Los centros de captación de los enfermos, que son las unidades de atención básica, realizan el tratamiento acorde con su capacidad, luego viene la remisión a sitios de un nivel superior y ahí está el cuello de botella. Las responsabilidades deben repartirse entre los administradores del régimen subsidiado y los prestadores, son compartidas, pero se no adoptan caminos de solución, se prefiere culparse los unos a los otros y en medio de estas reprimendas están los pacientes que, se están muriendo.
En el régimen contributivo – la atención prestada por las EPS- las cosas no son a otro precio, ocurre algo similar. Las áreas de urgencias y las hospitalización hace rato quedaron pequeñas, su capacidad instalada es ampliamente superada por la demanda de servicios y el hacinamiento es la constante con los consabidos problemas de atención, sin que se vislumbren soluciones a corto plazo.
La salud es uno de los derechos fundamentales, pero tal como están las cosas, esto está lejos de ser una realidad sobre todo para los pobres, los del Sisben, los del régimen subsidiado, los habitantes de los barrios más pobres. Sus muertes son tan importantes como cualquier otro ciudadano, son personas. Se necesita un plan de emergencia que debería encabezar el alcalde porque actual sistema colapsó y la reforma se demora, apenas comienzan los primeros debates para dar curso a su discusión, sin que sepamos por ahora si esa será la solución anhelada.
Esto es exactamente igual a lo que ha pasado antes en Bogotá y otras ciudades con el llamado paseo de la muerte, solo que aquí no movilizan al paciente, porque se queda en el sitio donde recibió la atención inicial y nunca puede ser evacuado a un centro de mayor complejidad para recibir atención. Por tanto nos sería el paseo sino el pasmo de la muerte.
La situación obedece a una razón que en principio parece única, no hay cama para tanta gente enferma; eso se sabe desde hace rato, la ciudad carece de camas de hospitalización y el déficit supera las 500. Pero, la cosa no para ahí, si se dispone de camas no hay contrato con el hospital o clínicas porque se agotó el último que se había firmado o lo suspendieron por la falta oportuna de pagos. Además, dada la complejidad y gravedad de los pacientes, muchos requieren atención en cuidados intensivos, ahí es cuando interviene el Centro Regulador de Urgencias (CRUE) que, nada puede hacer si no hay disponibilidad de camas en las UCIs.
Con lo poco que se dispone no se puede trabajar en forma adecuada. Los centros de captación de los enfermos, que son las unidades de atención básica, realizan el tratamiento acorde con su capacidad, luego viene la remisión a sitios de un nivel superior y ahí está el cuello de botella. Las responsabilidades deben repartirse entre los administradores del régimen subsidiado y los prestadores, son compartidas, pero se no adoptan caminos de solución, se prefiere culparse los unos a los otros y en medio de estas reprimendas están los pacientes que, se están muriendo.
En el régimen contributivo – la atención prestada por las EPS- las cosas no son a otro precio, ocurre algo similar. Las áreas de urgencias y las hospitalización hace rato quedaron pequeñas, su capacidad instalada es ampliamente superada por la demanda de servicios y el hacinamiento es la constante con los consabidos problemas de atención, sin que se vislumbren soluciones a corto plazo.
La salud es uno de los derechos fundamentales, pero tal como están las cosas, esto está lejos de ser una realidad sobre todo para los pobres, los del Sisben, los del régimen subsidiado, los habitantes de los barrios más pobres. Sus muertes son tan importantes como cualquier otro ciudadano, son personas. Se necesita un plan de emergencia que debería encabezar el alcalde porque actual sistema colapsó y la reforma se demora, apenas comienzan los primeros debates para dar curso a su discusión, sin que sepamos por ahora si esa será la solución anhelada.
