En Colombia 2016 se inicia con la partida de las Administraciones Municipales y Departamentales, incluidas las corporaciones con funciones legislativas, como son Concejos y Asambleas, además de las Juntas Administradoras Locales, que son organismos llamados a participar en las iniciativas de interés de sus comunidades, para un nuevo período de cuatro años.

Los gobiernos locales y territoriales, encabezados por los alcaldes y gobernadores tienen responsabilidades claramente establecidas. 

Su compromiso es el de crear en los municipios condiciones adecuadas para mejorar la vida de los habitantes de cada jurisdicción. 

Esto les impone el correcto manejo de los recursos fiscales y de los bienes que hacen parte del patrimonio común.

Los alcaldes y gobernadores están obligados a ejecutar políticas que generen bienestar a la población. 

La educación, la salud, la seguridad, la recreación son prioridades que deben atenderse con puntualidad. 

Pero están otros asuntos que también cuentan, llamados a figurar en el Plan de Desarrollo de cada Municipio, como está legalmente establecido. 

La infraestructura vial, el medio ambiente, la promoción de la cultura, el estímulo a la creación de empresas productivas que generen empleo, debe hacer parte de la agenda de Gobierno. 

El cumplimiento de todo ello en términos de acertada ejecución tiene que ser de resultados positivos y consolidar avances de beneficio general.

Aplicados a una gestión de construcción de bienestar para sus gobernados, los alcaldes pueden terminar sus mandatos con  reconocimiento que los honre. 

Es, así mismo, una manera de cerrarle espacios a la politiquería y a la corrupción que tanto daño le hacen a la administración y a la población.

Y cuando el país requiere de fortalecimiento institucional, de erradicación de todas las formas de corrupción, de eliminación de conductas irresponsables que se dan entre no pocos servidores públicos, el correcto trabajo de los mandatarios territoriales es de importancia indiscutible. 

Se irriga la democracia y se profundiza el saneamiento del organismo oficial.

Y conviene tomar en cuenta que el trabajo de estos servidores sin ataduras nocivas,  abierto al escrutinio público, con garantía de transparencia que no deje dudas respecto a los actos oficiales, equivale a una reivindicación de la ética.

Vale destacar que ese conjunto de buenas acciones se convierte en aporte a la paz, pues el empleo de los recursos de Gobierno con honradez garantiza soluciones a problemas perturbadores y restablece la credibilidad en los servidores oficiales.

No hay, pues, que perder el tiempo y tomar conciencia de la importancia que tiene obrar con el rigor de la legalidad, para no generar dudas y estar libre de toda sospecha.

El mejor premio para los alcaldes y gobernadores es el respeto que puedan ganarse de los ciudadanos cuando actúan sin afectar el patrimonio común y con sujeción a los principios de pulcritud. 

Eso vale mucho más que una ganancia que deja descrédito y maltrata el buen nombre.