Creían muchos de los que nunca hicieron el trámite para registrar el vehículo venezolano de propiedad para proceder luego a pagar el respectivo impuesto automotor, que  esto había caído en el olvido y que las autoridades no exigirían la tarjeta en el área metropolitana de Cúcuta.

Pero se equivocaron. Lo sucedido en un operativo en El Zulia da a entender que lo previsto sobre ese particular en la Ley 1955 de 2019 es de obligatorio cumplimiento y que quienes no lo acataron se expondrán a que el carro o moto de placa extranjera que posea un ciudadano colombiano, les será incautado.

Eso acaba de suceder en el vecino municipio donde una camioneta de matrícula venezolana cuyo dueño no poseía dicho requisito, fue puesta a disposición de la DIAN porque se considera que es contrabando.

Como en este momento 69.917 vehículos venezolanos  cumplieron ese trámite, de los cuales 17.486 son motocicletas y 52.431 automóviles, cuyo modelo no puede ser posterior a 2015, cumplieron con el citado trámite, ellos pueden continuar circulando sin problema alguno por la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo. 

Luego de que se diera la apertura vehicular por los puentes internacionales Atanasio Girardot, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar han ingresado desde el vecino país gran cantidad de automóviles y motos conducidos por ciudadanos venezolanos.

Por eso tal vez llegó a pensarse que sería muy fácil evadir el acatamiento de una norma que ya tuvo su tiempo para el desarrollo de las diligencias dirigidas a efectuar la tramitación de documentos y obtención de la tarjeta y luego empezar a contribuir con el fisco.

Está muy bien que la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN pongan en marcha este tipo de controles y que apliquen la ley, porque la reapertura fronteriza no puede implicar que continúen los problemas de siempre en este territorio, porque lo urgente es que la legalidad y la seguridad estén presentes a toda hora en esta zona.

En medio de esta situación es igualmente necesario que se exija a los ciudadanos que crucen desde el Táchira en sus automóviles que cumplan con el sellado del pasaporte en los puertos terrestres fronterizos, que demuestren que se encuentran de paso y, lógicamente, cuenten con el SOAT.

Como en todo punto de entrada o salida de los países en el mundo hay unas normas básicas que acatar, y sobre las cuales no se puede hacer ninguna excepción ni tampoco flexibilizarlas o atenuarlas, porque el resultado termina complicando la situación.

Estos automotores que pasan desde Venezuela temporalmente, no los registrados desde el 2019,  podrán circular en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, pero si los propietarios quieren ir a otros municipios de Norte de Santander o de Colombia, es indispensable acudir ante la autoridad aduanera colombiana para hacer la respectiva internación.

Por tal motivo se trata de decisiones a las que deben ceñirse los visitantes, porque son cuestiones mínimas que en caso contrario llevarían a violar las leyes o poner en riesgo los servicios de salud del otro país (Colombia o Venezuela) por no contar, por ejemplo, con los seguros relacionados con el cubrimiento de estos gastos en casos de generar algún accidente automovilístico.

En este panorama, es interesante que la Polfa y la DIAN pongan en el radar los vehículos venezolanos de modelos después de 2015 que se encuentren en la región y que muy seguramente sus poseedores residentes en Cúcuta, por ejemplo, deben estar relajados al sentirse protegidos por el hecho de la reapertura, pero olvidando que  ese carro o esa moto son de contrabando, afectando a la industria automotriz colombiana.

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