Es un récord universal logrado sin mucho esfuerzo, pero, en especial, sin hacer ruido. Así como le gusta a él, apretar tornillos casi a la chita callando, para no generar mayor resistencia y poner a salvo su revolución ciudadana y el socialismo del siglo 21.

Es como actúa en Ecuador el presidente Rafael Vicente Correa Delgado respecto de los medios de comunicación que no le gustan, que son la casi absoluta mayoría: los persigue, los acorrala, los denuncia ante la justicia revolucionaria y luego los exprime, y a los responsables los encarcela o los obliga a replegarse e incluso a doblegarse.

Para decirlo en palabras ajenas, pero ciertas, lo que hace el gobierno de Correa es una muy sutil forma de terrorismo consistente en silenciar los medios y luego, a su manera, infundirle silencio al miedo, creado e impuesto con su justicia de bolsillo.

En solo dos años de vigencia de la Ley de Comunicación, cumplidos ayer, el gobierno ha emitido 313 resoluciones contra medios de comunicación, de preferencia periódicos y canales de televisión, 185 de esas resoluciones, con sanciones económicas por más de 200 mil dólares.

La práctica impuesta por el morboso gobierno de Quito obligaba a los canales de televisión a aceptar contenidos impuestos, bajo la amenaza de cierre. Ahora, esas obligaciones también son para los diarios, que deben dedicarles espacios destacados a textos que envía el gobierno y que deben ser publicados porque sí. Obvio, son textos de propaganda en favor del régimen.

La situación es abusiva y ejemplo de autoritarismo insoportable, por todo lo que tiene de velado, de silencioso, de taimado, pues el pueblo, preocupado en asuntos más domésticos y urgentes, no se percata de manera cabal de lo que ocurre.

En un país que Correa define como democrático y de libertades, parece que solo cuentan la voluntad del mandatario y su dictado de soberbio censor a ultranza, dueño y pregonero, como lo hace ver, de la única verdad posible en una sociedad dividida.

La medida de pedir que los medios envíen las hojas de vida de los reporteros que aspiran a entrevistar a miembros del gabinete, es tan extrema como ridícula, pero de todas maneras, como dijo un analista, “un intento claro de tratar de silenciar a los periódicos, acosarlos de tal manera que al final dejes de publicar algo, por el temor a meterte en un jaleo o de una sanción económica”.

La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y la adlátere Superintendencia de la Comunicación son ahora, y por la decisión del gobernante, los brazos ejecutores del mandato vengativo de un Correa al que el pequeño país vecino comenzó a quedarle grande y difícil de controlar. Ayer, en todo Ecuador, miles de ciudadanos, repudiaron la férula despótica y comenzaron a pedir cambios en la ruta que les impusieron.

Proclive a cambios sorpresivos de gobierno, Ecuador podría estar entrando en un momento difícil de su historia. Cada vez, el descontento crece y los gritos pidiendo libertades ya se escuchan fuera de sus fronteras.

Mientras tanto, el gobierno prepara cambios en la Ley de Comunicación. Habrá una figura de mediación, para permitir que las partes involucradas en un proceso legal por razón de publicaciones lleguen a un acuerdo y eviten sanciones. Solo que se hará dentro del órgano de control mediático, y así el gobierno será juez, parte… y árbitro.

Lo paradójico es que de estos hechos casi nadie se entera en Ecuador, porque el control de los medios, sutil, pero muy eficaz, lo impide.