Como en estas semanas ha estado la frontera en el foco de las actividades, llegando a ser un punto central en el Consejo de Ministros, es entonces importante continuar conociendo hechos y situaciones que suceden hoy, que podrían mejorar sustancialmente cuando llegue la orden de restablecer el intercambio de mercancías por esta parte del país con Venezuela.

Es un hecho absolutamente evidente que ese cierre provocado por el deterioro y rompimiento de las relaciones en medio de situaciones tensionantes como consecuencia de la disparidad de criterios de modelo político y económico, condujeron a afectarnos severamente.

Aquí traemos hoy otro de esos hechos, que confirman como la diplomacia en el manejo de los asuntos con estados vecinos salva o condena a la población que es quien en últimas resulta favorecida o golpeada por las acciones de gobierno.

En esta oportunidad nos referiremos es un fuerte impacto en el bolsillo para el desarrollo de una actividad que era tan normal antes de que todo se ‘calentara’ y rompiera entre Bogotá y Caracas.

Como les parece que llevar una mercadería entre Cúcuta y Táchira, haciendo los trámites aduanales y de transporte normales, hoy cuesta como dirían por ahí ‘un ojo de la cara’.

Lo que pasa es que como por aquí no funcionan ni la Dian ni el Seniat ni hay autorización para que crucen camiones -en los dos sentidos- para las  importaciones y exportaciones, hay que cubrir una larguísima y carísima ruta, que en últimas encarece todo. Recordemos que a nosotros -nortesantandereanos y tachirenses- ambos estados nos castigaron impidiendo que se mueva una sola aguja por los canales oficiales del flujo bilateral, en una situación sobre la cual nadie oficialmente quiso dar una explicación válida.

Como la actividad de negocios en una frontera tan dinámica como esta no cesa, así se le intenten cerrar los vasos comunicantes, hubo necesidad de usar la única ruta abierta para el comercio internacional con Venezuela por Paraguachón, en La Guajira.

Imaginen que para hacer una exportación desde Cúcuta a un empresario en San Cristóbal, hay que enviar la tractomula o camión con 35 toneladas, por ejemplo, hasta territorio guajiro, en por lo menos 20 horas de viaje.

Hay que salir por la vía Zulia-Sardinata-Ocaña-Aguachica-Ruta del Sol, pagando en fletes 22 millones de pesos, de acuerdo con las cuentas que hace la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera.

Disminuir de 20 a 3 horas y de $22 millones  a $3 millones, es en materia de negociación un punto fuerte para confirmar que no podemos continuar con los puentes internacionales cerrados y que el acelerador es urgente llevarlo a fondo para restablecer el tráfico de mercaderías por esta parte de la frontera colombo-venezolana.

Lógicamente soportar ese sobrecosto de $19 millones provocado por el congelamiento de la permisividad del intercambio y la cantidad de tiempo empleado, hacen muy frágil la posibilidad de concretar los negocios entre los exportadores e importadores.

Estas evidencias palpables,  constantes y sonantes no solamente ratifican que es urgente el restablecimiento de la normalidad, porque salta a la vista que termina siendo peor el remedio que la enfermedad, con lamentables consecuencias para los componentes empresarial, de mano de obra y la comunidad en general fronteriza, que en últimas terminó pagando cara una enemistad ideológica de Caracas y Bogotá.

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