El 27 de julio, Ecopetrol suspendió las actividades en el Campo Tibú y la Planta de Gas Sardinata, debido a las problemas de orden público por cuenta de las protestas y disturbios  de quienes se hacen llamar extractores informales, mejor conocidos como ‘pategrilleros’, dedicados al hurto de crudo.

Las condiciones de seguridad representaban un riesgo para los trabajadores de la compañía, la cual mantenía la medida. Sin embargo, la petrolera decidió este viernes levantar la suspensión parcialmente y reiniciará algunas actividades.

“Esta decisión se produce tras 42 días de suspensión de las operaciones, como consecuencia de actos ilegales que pusieron en riesgo la vida de los trabajadores directos y contratistas y afectaron considerablemente el medio ambiente y la infraestructura petrolera”, precisó Ecopetrol.

Informó que, en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan, restablecerá gradualmente y por fases las operaciones del campo, teniendo como prioridad la integridad de todos los empleados.

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Ecopetrol destacó que “personal experto, en conjunto con las autoridades, realizarán unas inspecciones a las instalaciones con el fin de verificar su estado y asegurar el reinicio de algunas actividades operativas”.

Recordó que en las últimas semanas, a pesar de la suspensión, habilitó varias cuadrillas ambientales para control y mitigación de los derrames de hidrocarburos ocasionados por grupos al margen de la ley.

“Invitamos a los grupos de interés a continuar unidos para salvaguardar la infraestructura petrolera de Tibú, uno de los activos más estratégicos de Norte de Santander, que genera ingresos, empleo y contratación de bienes y servicios  que  aportan al desarrollo y bienestar del  municipio y el departamento.

Ecopetrol, además, subrayó las iniciativas que se llevarán a cabo durante la Semana por la Paz en ese municipio, del 9 al 13 de septiembre, organizadas por el Concejo Municipal de Paz, la Diócesis y la Alcaldía, “con el fin de construir entre los diferentes actores escenarios que conduzcan a la reconciliación”.

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Las pérdidas 

La suspensión de actividades se dio en 76 pozos productores y 61 inyectores de crudo. A corte de 23 de agosto, se registraron 1.135 delitos contra la infraestructura del Campo Tibú, más de 830 corresponden a la instalación de válvulas ilícitas para el robo de hidrocarburos. También, más de 4.560 metros cuadrados de suelos y agua en la zona fueron afectados por derrames de crudo como consecuencia de este delito.

Los pozos paralizados dejaron de producir 2.000 barriles diarios de petróleo y la planta de gas un millón de pies cúbicos diarios. El Campo Tibú dejó de producir 73.450 barriles de hidrocarburos, por un valor de $12.400 millones. 

También se suspendieron 34 contratos, lo cual afectó a 431 personas, de las cuales 375 son de la región.