Este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) dio a conocer que en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, inició investigación a la organización La Esperanza, luego de evidenciar que presuntamente esta empresa estaría incumpliendo en la cobertura de los servicios.

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“La investigada presuntamente suministra información insuficiente e inoportuna a los consumidores en relación con la utilización de los lotes en propiedad, por cuanto en el clausulado de los contratos no se informa que solo podrán ser utilizados para inhumar restos humanos y no para la inhumación de restos óseos ni cenizas”, se lee en un comunicado de la Sic.

Y, precisaron que, en el marco de la investigación también verificaran que en La Esperanza, no se estaría suministrando información veraz y comprensible respecto a las restricciones de edad para la afiliación al ‘Plan Exequial Florecer’ y de la cobertura de servicios del ‘Plan Exequial Gratitud’.

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“Además, se pudo evidenciar que la investigada ofreció unos descuentos en entradas al Cerro del Santísimo y el Parque Nacional del Chicamocha para el afiliado y cuatro acompañantes, sin que al parecer se informaran las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a estas”, precisaron.

Los contratos

A todo lo anterior, la Sic aseguró que tras la revisión de los contratos de adhesión de la Organización La Esperanza con los consumidores, tendrían “la inclusión de cláusulas que podrían generar un desequilibrio en perjuicio de estos, al tiempo que se estipula una cláusula de permanencia mínima, sin que aparentemente exista una alternativa sin estas condiciones, para que los consumidores puedan comparar las condiciones y tarifas de cada una de ellas y así adoptar una decisión de consumo informada”.

Otro de los puntos a evaluar es si en las ventas de la empresa han utilizado métodos no tradicionales.

La Sic informó que sí dicha investigación arroja violaciones de los derechos de los consumidores la empresa tendrá que responder por multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes.  

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