Lo prometido es deuda. El proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia fue radicado ayer en el Congreso de la República por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza de Susana Muhamad.

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A pesar de las diferentes advertencias que se hicieron sobre las repercusiones que dicha prohibición podría tener tanto a nivel económico como sectorial, Muhamad afirmó en la rueda de prensa que el proyecto fue radicado con el apoyo de más de 60 congresistas y no solo buscará acabar con el fracking en el país, sino con todos los procesos no convencionales.

Según estudios del Gobierno de Iván Duque, la exploración y producción de Yacimientos No Convencionales (YNC) a través de esta técnica sería una garantía para el país de alcanzar una estabilidad macroeconómica a largo plazo.

Esta tecnología, afirmaron en su momento, le dejaría a las arcas públicas cerca de $324 billones en 30 años, un escenario que, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, equivale a 30% del PIB.

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En la Agencia Nacional de Minería (ANM) reposan siete contratos, firmados desde hace años, y lo que indican es que la inversión asociada a títulos valor para yacimientos en fuentes no convencionales ronda los US$517,4 millones. Fuentes que fueron posibles por movimientos de empresas como Drummond, ConocoPhillips y Parex.

El proyecto de la ministra dice también que se prohíbe la “exploración y producción de hidrocarburos provenientes de Yacimientos no Convencionales. Prohíbase la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales del tipo roca generadora (gas y petróleo de lutitas), arenas bituminosas, gas metano asociado a mantos de carbón e hidratos de metano”, que para el analista en minas de la U. Nacional, Sergio Arango, no tiene que ver con fracking, pero al jefe de la cartera de Ambiente en rueda de prensa explicó este punto y detalló que no quiere decir que se limite las actividades fuera de las no convencionales, y que “no se debe malinterpretar el proyecto, solo se prohíben proyectos de fracking”.

Autonomía Energética

Nicolás Galarza, exviceministro de Ambiente, afirmó que la discusión debe centrarse en la autonomía energética, la cual, al día de hoy, llega hasta 2025. “El problema no es si se permite o no llevar a cabo el fracking, el problema es cómo aseguramos una mayor autonomía energética”, dijo.

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El fracking, afirmó, es una de las vías para lograr ese objetivo y si bien él tampoco está de acuerdo con su implementación, dice que es responsabilidad del Gobierno decir de qué manera va a sustituir dichos aportes a la Nación.

En caso de no lograr dicha seguridad energética, el país entraría a depender de importaciones en este campo, “y ya se conoce que en estos casos los más afectados son los estratos 1 y 2”, sentenció Galarza.

Contratos existentes

Para Juan Casallas, abogado en la oficina de Holland & Knight, podrían existir diferentes causales para la solución de los contratos ya existentes respecto a la utilización del fracking.

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“Según la ministra, estos contactos cuentan con la opción de terminación prevista, razón por la cual al Estado no le tocaría asumir ningún tipo de multa o indemnización”.

Otro camino, agregó, podría resultar en una ‘lluvia’ de demandas aludiendo a una posible inconstitucionalidad en el proyecto de ley. “Esto se podría dar ya que las empresas estarán buscando indemnizaciones y fallos a favor”.

Sin embargo, Casallas afirmó que lo más probable, a pesar de la poca oposición en el legislativo, es que estas empresas que ya cuentan con contratos intenten participar y “hacer ver su posición en los debates con el fin de que no se afecten los derechos adquiridos”.

Lucas Arboleda, director en el área de derecho energético de la firma DLA Piper Martínez Beltrán, en cambio, opinó que la intención del proyecto de ley sí es ordenar al Gobierno Nacional “que expida los términos y condiciones en los que se deberán terminar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

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No obstante, existe un espacio en esta reglamentación para que tal conclusión de los contratos sea a través de un mecanismo diferente a la terminación de estos.

¿Por qué lo presentan?

La ministra manifestó que el Gobierno Nacional apoyó la radicación por su compromiso con dichas organizaciones “porque fue una promesa de campaña del Presidente” y, de esta manera, la cartera comienza “el camino de cumplimiento”.

La dirigente de la cartera agregó que la posición del ejecutivo tiene como bases “argumentos principales”. Uno de ellos, según Muhamad, no es lógico que si el país quiere una transición social, económica y ambiental en busca de soluciones para la crisis climática, esté buscando profundizar la dependencia fósil.

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