El gobierno de Gustavo Petro acaba de desatar una dura polémica con su plan de subsidiar el 50 % del precio de alimentos como la carne, el arroz, la panela y los huevos a al menos dos millones de hogares vulnerables en el país. A pesar de su carácter humanitario, esta iniciativa podría quedarse a medias, pues dentro de su plan proteccionista, el presidente quiere cobrarles más impuestos a los alimentos importados, lo que significaría su encarecimiento inmediato. ¿Es viable?
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Esto quedó plasmado en el borrador de lo que sería una reforma contra el hambre, en la que se planteó la necesidad de diseñar un programa transitorio que incluye –entre otras cosas– ambiciosos bonos alimentarios. De acuerdo con el Gobierno, atacarían el hambre.
El inconveniente de este plan proteccionista del Gobierno se centra en que se incluye la posibilidad de subir los aranceles a la comida y a productos importados como el maíz.
En el discurso de posesión, el propio Petro dejó claro que impulsará medidas para acabar con el hambre y garantizar la soberanía alimentaria. Al respecto, señaló que usará al Ejército para construir sistemas de riego e impulsará medidas como créditos, técnicas de cultivo y semillas mejoradas, que se complementarían con la ley contra el hambre que llevará al Congreso.
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El Centro Democrático ya dejó claro que hará reparos a este plan proteccionista argumentando que la reforma agraria del Gobierno tiene entre sus planes la utilización de tierras de privados, y que la posible alza inmediata de los aranceles podría generar desabastecimiento. Aseguró que hay alimentos que no se producen en los volúmenes que demanda el mercado nacional.
Ambiciosos subsidios
Con el “acuerdo nacional contra el hambre” –que aún está en borrador– se plantean también subsidios progresivos a una serie de alimentos. En el documento se aclaró que la iniciativa fue puesta en conocimiento de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) para tratar de lograr el respaldo y acompañamiento del sector privado.
“Se propone canasta inicial de productos: arroz, harinas precocidas, huevos, aceite vegetal, pastas y panela. Más adelante: leche en polvo, pan tajado y papa, productos de circuitos cortos como plátano, hortalizas frescas, leche fresca y frutas”, dice el documento, en el que se aclara que se pondrían a disposición estos “alimentos al 50 % del precio comercial” dejando claro que “no es un mecanismo de control de precios”.
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Dos senadores del Pacto han asumido las banderas de la Ley contra el hambre que se radicará en el Congreso. Uno de ellos fue Wilson Arias, quien recientemente aseguró que se necesita crear “un bono alimentario explícito y focalizado para ciertos sectores de la población, probablemente con una legislación expedida con facultades extraordinarias porque es un tema urgente”.
Por su parte, el senador Iván Cepeda expuso que “se buscará subsidiar alimentos básicos como la carne, el arroz, la leche y los huevos. Una ley destinada a millones de compatriotas quienes viven hoy en la pobreza”.
Pero el senador opositor Andrés Guerra, del Centro Democrático, dijo que se necesita hacer una evaluación integral del tema del campo para tramitar la reforma rural que tiene prevista el Gobierno, y planteó que habrá reparos a las medidas arancelarias: “Se debe revisar hasta dónde la clase media y baja tendrá que pagar más por los alimentos”.
¿Habrá más carestía?
En la campaña, Petro se mostró de acuerdo con subir aranceles a las importaciones de comida asegurando que se puede repotenciar la producción de alimentos, incluyendo el maíz.
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Pero el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, señaló que esta medida no sería oportuna en 2022 por las altas tasas de inflación y expuso que, si se suben los aranceles, se tendrá que estimular la producción nacional de la mano del sector privado.
“Ponerles altos aranceles a esos productos que ya están escasos en el mercado mundial, y con una tasa de cambio tan fuerte, necesariamente se va a traducir en una mayor carestía para la canasta familiar en temas tan sensibles como el trigo”, apuntó el analista, que recomendó que el gobierno procure una articulación entre las medidas en materia comercial y agrícola.
El Colombiano
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