Suspensión, documental que explora los alcances de la política de la ilusión a través de un viaje por la Colombia profunda entre sus montañas, se estrena este 29 de julio bajo la distribución de DOC:CO. El proyecto, dirigido por Simón Uribe, y producido por Joaquín Uribe, contó con Marcela Lizcano en la producción ejecutiva, Andrés Hilarión en dirección de fotografía, Mateo Rudas, Gustavo Vasco en el montaje, Juan Pablo Patiño en el sonido, Fredy Vallejos, Juan Manuel Toro, Mateo Barrios, y Santiago Rudas en la musicalización, y Simón Uribe, Joaquín Uribe, Maria Elisa Balen, Mateo Rudas, y Viceversa Cine, como co productores.
En algún lugar de nuestras selvas colombianas, se encuentra un puente que choca con las montañas y no conduce a ninguna parte. Esta obra simboliza la obsesión del ser humano por dominar la naturaleza y también, la corrupción que reduce dicha búsqueda a cenizas y esfuerzos vacíos. Tras casi un siglo de intentos, el sueño de una carretera moderna se desdibuja, y las situaciones más absurdas se erigen en autopistas pérdidas.
Obreros, ingenieros y turistas transitan por el teatro de lo ilusorio y lo difuso; todos parecen varados en el tiempo y el tiempo también permite los desastres. Suspensión se enfoca en la fallida construcción de una carretera, en medio de una zona montañosa, por parte del gobierno, una vía nacional de proyecciones faraónicas y desproporcionadas, que terminó siendo una obra inconclusa devorada por la selva, y que a su vez, era la única alternativa que la población cercana tenía para evitar un peligroso tramo conocido como “el trampolín de la muerte”, que no ha parado de sumar víctimas mortales desde hace más de medio siglo, ante la vista gorda de las autoridades. En el “trampolín de la muerte” se producen accidentes vehiculares continuamente debido a la inestabilidad del terreno, los abismos, las lluvias y la estrechez. La vía es riesgosa y muchos de los accidentes son letales.
¿Los motivos para detener la construcción de la nueva vía? Siguen siendo inciertos, y esta región montañosa sigue desconectada del país, ya que no cuenta con condiciones de desplazamiento óptimas, y las personas que conducen por la vía siguen muriendo.
Para la construcción de este “elefante blanco”, nombre que designa obras de infraestructura desarrolladas con recursos públicos cuyos gastos superan los beneficios, y que además se encuentran inconclusas, se ha realizado una inversión de 401.000 mil millones de pesos (104 millones de dólares), y en nueve años han construido solo 18 kilómetros de los 45,6 km proyectados. Terminarla tardaría 10 años más y 482 millones de dólares adicionales. Sin embargo, la confianza en que se termine el proyecto es escasa, puesto que la corrupción es un mal que carcome el país entero.
Según un estudio de 2019 de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en Colombia hay más de 32.000 kilómetros de pequeñas carreteras inconclusas, que tienen una mayor concentración en los departamentos del sur del país; y según un informe de la contraloría, los “Elefantes Blancos” superan en este momento los 1.400 proyectos, y le han costado al país cerca de $25 billones de pesos.
La Corporación Transparencia por Colombia estima que entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia ocupa el penúltimo lugar en Índice de Percepción de la Corrupción, superado sólo por México, además del puesto 92 en el ranking de países con peor índice de Percepción de Corrupción en el sector público, siendo su puntuación de 39/100 (menor a la media global).
Este lamentable caso es un ejemplo de cómo en nuestro país los recursos públicos son aprovechados por unos cuantos para enriquecerse, y no en beneficio de la comunidad, que queda expuesta y en un estado de vulnerabilidad injusto. Actualmente, el Gobierno Nacional está en diálogos para reactivar la hasta ahora inestable construcción del proyecto; sin embargo, a los problemas de corrupción que arrastra se le suma la problemática ambiental, ya que según un estudio de Conservation Strategy Fund y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el reinicio de las obras provocaría una deforestación de 12.000 hectáreas en esta parte de la selva.
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