La Procuraduría General de la Nación alargó el lunes el suspenso por el caso de la queja disciplinaria formulada por el concejal Pedro Durán Barajas contra el alcalde Donamaris Ramírez Lobo, al prolongar el plazo para emitir un concepto sobre la procedencia de abrir o no una investigación disciplinaria contra el gobernante de Cúcuta.

Fuentes del Ministerio Público habían dicho la semana pasada a La Opinión que era probable que ayer lunes se conociera una decisión por parte del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sobre el caso. Sin embargo, ayer los voceros consultados dieron a conocer que aún se mantenía la evaluación de la queja y de las pruebas.

“El proceso (de evaluación) es muy dispendioso, porque se analiza por separado la queja y las pruebas aportadas en la misma”, dijeron.

Agregaron que era posible que no se diera a conocer (por parte del procurador Ordóñez Maldonado) un concepto (de la queja de Durán Barajas) antes de 20 días.

Esto quiere decir, a juicio del abogado especialista en derecho administrativo, Alberto Neira Rueda, de que existe un fundamentado interés por parte del organismo de control disciplinario en tratar de soportar de la manera más técnica y científica cualquier concepto sobre la queja.

Explicó que el largo plazo que se está tomando la Procuraduría deja entrever que podría estar buscándose soportes técnicos o indicios que puedan fundamentar una eventual apertura de investigación, dado que la queja no fue presentada por la víctima, sino por un tercero, en este caso el concejal Durán Barajas, ni tampoco la grabación que se anexó como prueba fue ordenada por la Fiscalía o el mismo Ministerio Público.

El abogado de la universidad Libre de Colombia, especializado en derecho de nuevas tecnologías y director de Adalid Corp., compañía pionera en Colombia en investigación del fraude empresarial y económico, César Guzmán Caballero, señaló que la Sala Penal de la Corte Constitucional avaló excepciones para determinar como válida una grabación que sea presentada en un proceso judicial, pero “solo si esta es presentada por la víctima”.

Un ejemplo de este caso es cuando una persona que es extorsionada graba a su extorsionador y lleva esa prueba ante el juez para acusar. “Aquí la grabación si es válida”, aclaró Guzmán Caballero. (Ver recuadro ‘Así se analiza una grabación’).

El caso de la presunta grabación en la que supuestamente el alcalde Donamaris Ramírez Lobo pide plata a un tercero para dar a los concejales de Cúcuta a cambio de que aprueben un proyecto de acuerdo, se conoció el pasado tres de septiembre, tras la presentación de la queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por parte del concejal Pedro Durán Barajas.

El cabildante le pide en su queja al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado que se cotejen las voces de la presunta grabación, porque según él corresponden a la del alcalde Ramírez Lobo y la gerenta de Metrovivienda, Luz Karime Coronel.

Durán denuncia amenazas

En la tarde del lunes, el concejal Pedro Durán Barajas formuló en la Fiscalía Seccional de Cúcuta una denuncia penal por las amenazas contra su vida que recibió por teléfono el viernes 7 de septiembre, por parte de desconocidos.

El cabildante aseguró que recibió tres llamadas a su teléfono celular, una a las 3:00 de la tarde, la segunda a las 3:01 de la tarde y la tercera a las 3:15 de la tarde, en las que, presuntamente, se le conminó a no seguir metiéndose contra el alcalde.

El concejal también consignó en su denuncia que le solicitó al presidente del Concejo Jorge Armando Quintero Lesmes la asignación de uno de los cuatro escoltas que el Ministerio del Interior dispuso para la corporación, pero “tal solicitud no fue atendida”.

Al ser indagado sobre esta petición, el presidente del cabildo respondió que en efecto el citado concejal le solicitó el viernes pasado un escolta. “Aunque ese día no me dijo que estaba amenazado”, aclaró Quintero Lesmes.

Quintero Lesmes agregó que los cuatro escoltas que aprobó el Mininterior fueron para la mesa directiva del Concejo y que en consecuencia corresponde a la autoridad competente determinar un estudio de riesgo y decidir si se hace necesario un esquema de seguridad para Durán Barajas.

Confío en la justicia

En la rueda de prensa que ofreció en horas de la mañana para dar a conocer el despegue de los trabajos de recuperación de la malla vial del sector de Natilam, en la ciudadela de Juan Atalaya, el alcalde Donamaris Ramírez Lobo no se refirió al caso de las presuntas amenazas del concejal Durán, pero sí dijo estar plenamente confiado en las acciones de los organismos de control y la justicia colombiana.

Lo anterior, en relación con la queja que cursa en la Procuraduría y frente a la demanda sobre nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Frente al primer caso, insistió en que tenía las pruebas jurídicas y técnicas para demostrar que se trata de un montaje. “Esta administración es como las cometas, que necesitan mucho viento en contra para volar, y nosotros tenemos muchos vientos en contra, todos injustos, pero vamos a volar muy alto y esos vientos harán que nos elevemos mucho más”, dijo.

Así se analiza una grabación

La Opinión: ¿Cómo se puede determinar si una grabación es o no un montaje?

Andrés Guzmán Caballero:

Se analizan varias formas, una de ellas es la técnica, que es un análisis de acústica forense.

Se hace un examen físico del sorporte de la grabación para saber en qué formato viene grabada (en un disco o en casete). Esto determina cómo nació esa grabación, las fechas en que se hizo y esto se coteja con los elementos fácticos del contenido que se está argumentando en el audio.

Adicionalmente, hay que hacer un análisis técnico de forma de onda, que se hace en un laboratorio de acústica forense, para ver si esas ondas coinciden con las ondas del parlante original.

Asimismo, se tiene en cuenta un análisis de frecuencia, para ver si la secuencia es consecutiva, si sigue las líneas completas de la grabación o si en algún momento se parte o se corta.

Adicional, se hace un análisis espectográfico, que consiste en colocar la grabación en un espectógrafo para ver las variaciones que pueda tener y con esto se culminan las pruebas para determinar si se hizo un montaje.

El concejal que puso la queja ante la Procuraduría menciona una presunta fecha en que se hizo esa la supuesta grabación de la presunta voz del alcalde. Es posible determinar la fecha?

Claro que sí se puede.

Se debe hacer una prueba que se llama metadatos de archivo. En esa prueba lo que se hace es que en un laboratorio de informática forense se analizan fecha y hora en que se hizo, cómo se hizo, en dónde se hizo, si fue en una grabadora o si se pudo haber editado o no.

¿Qué casos de montajes de voz se conocen en Colombia?

El más conocido es el de Sigifredo López.

¿Usted ha escuchado la presunta grabación del alcalde?

La escuché de eltiempo.com y es una grabación que debe ser muy bien analizada, porque es muy defectuosa.