Cúcuta pareciera  destinada a seguir viviendo en el caos en materia de direcciones, dado que siete años después de haberse pagado la hechura de una nueva nomenclatura al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ningún gobierno de turno se ha mostrado interesado en instalarla.

La ciudad continúa con  25 nomenclaturas independientes que traen como consecuencia, predios con más de una dirección domiciliaria, barrios con valores numéricos adaptados y sin placas en sus fachadas.

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O como sucede en Chapinero, donde rigen dos nomenclaturas para las viviendas, “todo un caos, termina uno loco buscando una dirección”, dice Oliverio Laverde, quien se gana la vida llevando domicilios.

Estos problemas se querían solucionar con la unificación de una nueva nomenclatura que impidiera el crecimiento desordenado de la ciudad y facilitará a los ciudadanos la búsqueda de direcciones.

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 Fue en la administración de Donamaris Ramírez que se contrató con el IGAC el diseño y elaboración de la nueva nomenclatura de la ciudad. La entidad nacional la hizo y la entregó para que la alcaldía y las empresas de servicio procedieran a instalarla, sin embargo, esto no se cumplió al término de este gobierno.

Según el estudio que hizo el IGAC, el 80 por ciento del casco urbano cambiará su nomenclatura vial, mientras que la zona céntrica, desde las riberas del río Pamplonita hasta los cerros de Atalaya y de la Diagonal Santander hasta Santo Domingo y San Rafael, no se alterará, ya que es el sector más ordenado de la ciudad en materia de direcciones.

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En el nuevo sistema de nomenclatura la última calle es la 58 N hacia el norte y la avenida 47ª este (Boconó) hacia el oriente; el anillo vial oriental es la avenida 44 este, mientras que al sur será hasta la calle 42 y al occidente hasta la avenida 67, en la salida al Zulia.

La Diagonal Santander divide a  la ciudad en norte y sur en 4 cuadrantes; cada uno permite asignar el sufijo correspondiente según el cuadrante E, N y NE, ya que a las vías sur y/o occidente no se les nomencla sufijo, como está hoy en día.

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Lo que llama la atención es que por la nomenclatura que hizo el el municipio y las empresas de servicio pagaron al IGAC 4.500 millones de pesos, una cifra que alcanza para construir diez parques infantiles bien dotados.

¿Qué ha pasado?

Como no se instaló a tiempo la nomenclatura, la que entregó el IGAC quedó desactualizada en parte, debido a se crearon nuevos predios que debían vincularse en el catastro.
En el 2017,  la Alcaldía manifestó que no se contaba con 12 mil millones de pesos para la compra de nuevas placas a 200 mil predios, la notificación a los usuarios y el registro de instrumentos públicos. 

Desde entonces, el proyecto  quedó en el olvido. Según el presidente del Concejo, Leonardo Jácome, se está a la espera de que la alcaldía presente  un acuerdo para legalizar la nueva nomenclatura, la expedición de resoluciones y la notificación a los dueños de los predios. 
La alcaldía le dijo a La Opinión que está trabajando para proceder con la instalación, pero no reveló detalles.

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