Si usted ha pasado alguna vez por la avenida 4 con calle 17 del barrio La Playa, entonces se habrá dado cuenta de la cantidad de personas que en este lugar pasan días enteros.

Se trata de personas que, como otros miles de colombianos, son desplazados por la violencia y son también habitantes de Cúcuta desde hace algunos años.

Esta aglomeración de personas, cansada de las demoras en sus pagos y, según ellos, en la disminución de estos, hicieron un llamado al Gobierno Nacional a que ponga su mirada a esta zona históricamente golpeada por el conflicto armado.

Martha Lucía Bedoya, líder de la comuna 7 del barrio La Primavera y víctima del desplazamiento desde el año 95, dijo a La Opinión que ya se cansaron de esperar a que todos los días los hagan madrugar para nada.

Según Bedoya, estas personas llegan desde la una de la madrugada a la espera de una de las 150 fichas que se entregan en esta sede de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que según ellos no son suficientes

"No aguantamos más, estamos agotados de esperar y esperar, hay días en los que venimos para nada pues no alcanzamos a recibir fichas, o simplemente nos dicen que desde Bogotá no han desembolsado los créditos", aseguró María del Carmen Núñez, otra de las víctimas que denunció el hecho.

De acuerdo a la información suministrada por esta población vulnerable, no es posible que en el punto de atención en donde los reciben, haya solo 8 funcionarios para tantas personas que necesitan ser atendidas.

Y es que según Martha Lucía Bedoya, ya se han formado algunas discusiones entre las víctimas y los empleados de este punto, porque la paciencia se agota. Según ella, llevan mucho tiempo esperando los pagos y siempre hay evasivas.

Por último estas personas hacen una sugerencia al Gobierno Nacional, que los indemnicen y les den sus casas, así no reciban mas pagos de créditos,  pero que de esta forma ellos se evitan dolores de cabeza, empujones y días de espera, pues según ellos, es un pago muy bajo para todo lo que hay que esperar.

La mujer resaltó que las personas que son consideradas víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho a recibir atención en salud, educación, identificación, orientación ocupacional; reunificación familiar, alimentación y alojamiento temporal.

También de acuerdo a la sentencia SU-254 de 2013 y el decreto 4800 de 2011, habrán núcleos familiares que recibirán 27 salarios mínimos mensuales legales vigentes y otros que tendrán 17 smmlv.  También recibirán una indemnización el núcleo familiar que aparezca en el Registro Único de Víctimas, que se divide entre sus miembros.