Miércoles, 18 de Junio de 2014
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Empieza a destrabarse uno de los puntos de diálogo
presentado por los campesinos del Catatumbo al Gobierno Nacional: el de
la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina para la zona, que se
encontraba frenada por un concepto de demanda de acción inconstitucional
por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.~
Empieza a destrabarse uno de los puntos de diálogo presentado por los campesinos del Catatumbo al Gobierno Nacional: el de la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina para la zona, que se encontraba frenada por un concepto de demanda de acción inconstitucional por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.
Pero el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, declaró exequibles los artículos 80, 81 y 84 de la ley 160 de 1994, que avala la declaratoria de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), lo que implica que el Gobierno Nacional, en este caso el Incoder, tiene la facultad de declararla, siempre y cuando se cuente con los requisitos de consultas previas con los pueblos ancestrales.
“La sentencia dice que para la creación de una ZRC debe examinarse si en esa área existen territorios de pueblos indígenas o tribales o hay presencia de dichos pueblos, caso en el cual deberá garantizarles a ellos el derecho a la consulta previa”, expresó el presidente de la Corte.
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) explicó que la decisión deja en claro que, de llegar a darse, no sería una amenaza para la tribu motilón barí, con presencia en parte del Catatumbo, al señalar que esta se aplicaría inicialmente solo en el polígono de Tibú, donde entrarían a hacer parte de la ZRC unas 115 mil hectáreas.
Según la abogada de Ascamcat, Eliana Zafra, en el polígono de Tibú, donde el Gobierno emitió un concepto favorable para iniciar la ZRC, no hay pueblos ni territorios indígenas, por lo que la consulta previa no es necesaria.
Pero aclaró que desde 2009, época en la que se vienen insistiendo con la declaratoría, se creó una mesa intercultural con los cacíques para socializar los temas.
“Lo de la Corte es aparte de una tutela interpuesta por una asociación minoritaria de los motilón barí, que se opone a la ZRC, al señalar que con ellos no se ha hecho una consulta previa”, expresó la jurídica.
Pero un tribunal de Cúcuta la declaró inviable, por lo que falló a favor de Ascamcat, aunque en este momento pasó a segunda instancia tras su apelación y está en consulta.
La abogada añadió que el Ministerio del Interior ya había hecho un estudio para determinar si en el polígono de Tibú, existían pueblos indígenas, y determinó que en esas 115 mil hectáreas no. Ahora solo les queda esperar a que la Corte Suprema de Justicia también avale la declaratoría, al existir voluntades políticas que aún le hacen zancadilla.
Empieza a destrabarse uno de los puntos de diálogo
presentado por los campesinos del Catatumbo al Gobierno Nacional: el de
la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina para la zona, que se
encontraba frenada por un concepto de demanda de acción inconstitucional
por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.~
Empieza a destrabarse uno de los puntos de diálogo presentado por los campesinos del Catatumbo al Gobierno Nacional: el de la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina para la zona, que se encontraba frenada por un concepto de demanda de acción inconstitucional por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.
Pero el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, declaró exequibles los artículos 80, 81 y 84 de la ley 160 de 1994, que avala la declaratoria de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), lo que implica que el Gobierno Nacional, en este caso el Incoder, tiene la facultad de declararla, siempre y cuando se cuente con los requisitos de consultas previas con los pueblos ancestrales.
“La sentencia dice que para la creación de una ZRC debe examinarse si en esa área existen territorios de pueblos indígenas o tribales o hay presencia de dichos pueblos, caso en el cual deberá garantizarles a ellos el derecho a la consulta previa”, expresó el presidente de la Corte.
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) explicó que la decisión deja en claro que, de llegar a darse, no sería una amenaza para la tribu motilón barí, con presencia en parte del Catatumbo, al señalar que esta se aplicaría inicialmente solo en el polígono de Tibú, donde entrarían a hacer parte de la ZRC unas 115 mil hectáreas.
Según la abogada de Ascamcat, Eliana Zafra, en el polígono de Tibú, donde el Gobierno emitió un concepto favorable para iniciar la ZRC, no hay pueblos ni territorios indígenas, por lo que la consulta previa no es necesaria.
Pero aclaró que desde 2009, época en la que se vienen insistiendo con la declaratoría, se creó una mesa intercultural con los cacíques para socializar los temas.
“Lo de la Corte es aparte de una tutela interpuesta por una asociación minoritaria de los motilón barí, que se opone a la ZRC, al señalar que con ellos no se ha hecho una consulta previa”, expresó la jurídica.
Pero un tribunal de Cúcuta la declaró inviable, por lo que falló a favor de Ascamcat, aunque en este momento pasó a segunda instancia tras su apelación y está en consulta.
La abogada añadió que el Ministerio del Interior ya había hecho un estudio para determinar si en el polígono de Tibú, existían pueblos indígenas, y determinó que en esas 115 mil hectáreas no. Ahora solo les queda esperar a que la Corte Suprema de Justicia también avale la declaratoría, al existir voluntades políticas que aún le hacen zancadilla.
