~El Concejo de Cúcuta llamó la atención del Gobierno Nacional ante la situación de los constantes desplazamientos de ciudadanos venezolanos a la ciudad.~ El Concejo de Cúcuta llamó la atención del Gobierno Nacional ante la situación de los constantes desplazamientos de ciudadanos venezolanos a la ciudad.

Wilmar Manuel Cepeda Basto, presidente de la corporación, explicó que debido a la problemática que se está presentando en Cúcuta, por la llegada de desplazados por la violencia desde el interior del país, y ahora, por los venezolanos que se están radicando en la ciudad, el Concejo le pide al Gobierno que se tomen medidas “únicas y reales para la crisis que se vive en la zona de frontera”.

Según Cepeda, hace dos semanas en una reunión con el coordinador de la mesa de víctimas de Norte de Santander, se estableció que Cúcuta es una ciudad atractiva para cualquier desplazado por ser zona fronteriza, y se puede trabajar con ventas de contrabando.

A los desplazados les parece fácil tener una oportunidad de trabajo vendiendo una pimpina de gasolina o con productos de contrabando y todo el que llega termina radicándose en Cúcuta, explicó.

Esto, genera que la crisis económica aumente, por el nivel de desempleo.

Ante esta situación, Cepeda dijo que lo que se necesita es que el Gobierno legisle de una forma especial para Cúcuta, conociendo el contexto de la frontera.

“La mejor forma es que vengan a Cúcuta, no se pueden seguir reuniendo en Bogotá y en Caracas”, dijo.

Según el concejal, a Cúcuta se le debe gobernar desde una mirada diferente a ciudades como Medellín, Bucaramanga o Cali.

“Vamos a pedir al Gobierno que mire a Cúcuta de una forma diferente, no puede seguir siendo vista igual que otras ciudades, tenemos una situación diferente, por la frontera, la crisis necesita que el Gobierno legisle de una forma especial para nosotros, que se tomen medidas únicas para esta zona”, explicó.

Asimismo, recomendó a la canciller María Ángela Holguín y a los ministros que vengan a la ciudad y conozcan el contexto y la realidad que se vive en Cúcuta, El Escobal, La Parada, San Antonio y Ureña.

Por ahora, el concejal pidió la atención de los representantes del departamento para que intervengan sobre estos temas.

Además, la corporación pidió a la Cancillería que se brinde un acompañamiento jurídico a las cucuteñas que fueron capturadas en Venezuela por comprar productos de la canasta familiar y, que podrían pagar una condena entre 10 y 12 años de cárcel.