A las cuatro de la mañana, cuando el sol no ha vislumbrado el primer soslayo de luz, Martha Albarracín, madre de cinco hijos y habitante del primer piso en un edificio de Los Arrayanes, pica las verduras y sofríe el alimento que sus hijos almorzarán en el día, rezando para que la tragedia que sufrió hace 10 meses, no vuelva a ocurrir.
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El aumento de precipitaciones en estas últimas semanas, tiene con zozobra a algunos habitantes del complejo habitacional, que con más de 1.200 familias, esperan haber tomado las precauciones necesarias para evitar otro desastre natural.
Martha no tiene un trabajo estable, todos los días sale a las 6:30 de la mañana y regresa a las cinco de la tarde, completando oficios de aseo, cuidado de adultos mayores o lavado de ropa, intentando mantener los gastos actuales de su hogar y al mismo tiempo recuperar los enceres que perdió esa noche.
“Todo se mojo, el agua inundó mi casa dos metros, la puerta se trancó por un mueble y mis hijos no tuvieron más opción que salir por una minúscula ventana encima de la cocina, por fortuna, nadie salió lastimado, y de no ser por mi familia, no hubiera recuperado gran parte de los electrodomésticos que tengo hoy, porque nadie más veló por nuestro bienestar”, aclaró Albarracín.
Sus hijos pudieron salir por esa diminuta ventana.
La aseguradora, comentó la madre, fue la única que respondió con dinero, 4.9 millones de pesos entregó después de luchar jurídicamente con garras y dientes para probar el daño ocasionado por la catástrofe, aún cuando un perito independiente que contrató una de sus hijas, luego del análisis a la vivienda, calculó los daños por más de 10 millones de pesos.
El secretario de gestión de riesgo, Huber Plaza, hace unas semanas, comentó que por parte del registro único de damnificados, las familias con sus hogares destruidos recibirían un subsidio de arriendo por tres meses, que al ser prorrogado dos veces más, llegaría a subsanar nueve meses.
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“Aparte de esa ayuda en subsidios que suman 750.000 pesos a 150 familias, se dieron más de 1.500 kits de ayuda humanitaria de emergencia, lo que en promedio suman unos 1.000 millones de pesos que se han entregado a damnificados”, explicó el secretario de despacho.
Martha, con una de las viviendas más afectadas, sigue sin saber donde terminaron esos pagos de arriendo, pues no recibió ninguno.
“Nunca nos llegó ese supuesto subsidio, es más, luego de la inundación estuvimos en mora con el banco, porque el día siguiente tenía la cuota del apartamento y no pudimos pagarla, le explicamos la situación a la entidad financiera y nos dijo que eso no era impedimento para pagar. Realmente todo lo que tengo hoy, se lo debo a mi familia, unos sobrinos repararon la cocina, otros nos regalaron camas y los demás reunieron dinero para comprarme una nevera”, manifestó Albarracín.
Brenda Durán, asistente operativa de Los Arrayanes, explicó que se han tomado medidas de la alcaldía y la constructora.
“Por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo, se hizo una inversión de 3.300 millones de pesos para mitigar y reducir el riesgo en la quebrada Tonchalá, así como proteger la vulnerabilidad de las familias. La constructora reforzó el muro de contención alzándolo un metro más, se pusieron mallas y se cambiaron tuberías”, concretó Durán.
Eduardo Sánchez, administrador general del complejo residencial Los Arrayanes, añadió con seguridad, que se han empleado estrategias contundentes.
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“Se hizo un sistema de desagüe amplio en la zona del parqueadero, evitando que cuando llueva en la pendiente se inunde, esta zona de vehículos fue la de mayor gravedad en la inundación, por eso fue de gran importancia las intervenciones construidas este año”, concluyó Sánchez.
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