No deja de ser diciente que al mismo tiempo en que el expresidente Uribe trata de dar marcha atrás en sus acostumbradas actitudes contrarias a la institucionalidad – por ejemplo, en estos días se reunió con César Gaviria, no por ser su aliado y menos su amigo, sino porque es el presidente del partido liberal-, varios funcionarios del gobierno uribista, emplean con frecuencia el término “institucionalidad” queriendo decir que “en el país subsiste la autoridad gubernamental”, como cuando, a raíz del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña, arribó a Caldono el Ministro de Defensa rodeado de generales y acompañado por el Comisionado de Paz, al último de los Consejos de Seguridad que se han realizado en el Cauca: “estamos aquí con la institucionalidad, en primer lugar para…”.
Y además de diciente es paradójico porque, entre otras, denota una inclinación del llamado “uribismo” a buscar una tabla de salvación a su menguado poder político, en la “institucionalidad”, dada la paulatina pérdida de autoridad (legal y moral) del “presidente eterno”. El mismo que ha visto en la “institucionalidad” del poder judicial un obstáculo a sus pretensiones, sentando así precedentes nocivos para nuestro régimen democrático en el marco de un Estado de Derecho.
Lo cierto es que las actitudes de Uribe frente a la Corte Suprema de Justicia han tenido efectos que de una u otra manera afectan la institucionalidad estatal en su prestigio, es decir, en la base de su credibilidad, como cuando más de una década atrás y ante la sentencia de la CSJ contra Yidis Medina, que puso al descubierto una seria sombra de duda a la legitimidad de la aprobación de la reelección presidencial, llego al extremo de tildar a los magistrados de “aliados del terrorismo”. Y hoy día presenciamos otra consecuencia con la renuncia al Congreso de la República de Álvaro Hernán Prada que no es más que una estratagema jurídica y política a la que apela el exrepresentante a la Cámara, siguiendo el precedente de Uribe. Así las cosas, Prada se burla del alto tribunal que lo investiga por el delito de manipulación de testigos, justo cuando los magistrados estaban listos para decidir si acusaban o no al congresista.
Más allá de si los delitos por los cuales están siendo investigados Prada y Uribe estuvieron conectados o no de manera directa con su rol de congresistas, debería ser suficiente el comportamiento impropio que supone manipular y comprar testigos en las cárceles para buscar frenar su desprestigio. El solo hecho de que un congresista mantenga relaciones con presos condenados, con el fin de enlodar a otros colegas, o presionar a testigos presos en cárceles del Estado para que cambien las versiones en las que de manera directa se compromete su honorabilidad y la que se deriva de la dignidad de hacer parte del Congreso, debería ser más que suficiente para que la CSJ mantenga la competencia para investigar y si es el caso, condenar. Por la dignidad, prestancia y legitimidad de la CSJ y para sentar un precedente de institucionalidad, el caso de Prada debería mantenerse en la Corte, con todas las garantías procesales.
