Amables lectores: Que lamentable observar que organismos como las Naciones Unidas a través de un informe para la alimentación y agricultura (FAO) y el programa mundial de alimentos de la ONU, se hayan contagiado de agendas políticas internas, contrarias al gobierno actual del país. Las costosas burocracias internacionales, como la FAO, que solo presentan un festín de blablablá en cocteles, con unos costosísimos viáticos, parece que quieren intervenir en la política interna del país y extrañamente en plena temporada electoral, con una clarísima orientación antigobiernista repitiendo planteamientos de partidos de oposición cuando afirma que una inseguridad alimentaria amenaza a Colombia y sobre todo en zonas de conflicto armado.
Merecidísimo aplauso para el columnista Juan Lozano que sin temor alguno y valor civil manifiesta: “Los representantes de la FAO, señores Allan Bojonic y Carlos Scaramella deben sentirse avergonzados con los colombianos por su descalificado informe cuando ponen a Colombia peor que a Venezuela, y en el mismo nivel de Haití, en su trabajo sobre materias de alertas alimentarias y de hambrunas”.
Las autoridades colombianas, como afirma el Ministro de Agricultura Rodolfo Zea, no fueron consultadas y el Ministro aseguró que el país está realizando esfuerzos en diversos frentes para encarar esta problemática y, como afirma el mismo Ministro, el Gobierno Nacional se ha esforzado en mantener el normal funcionamiento de la cadena de suministro y abastecimiento de alimentos, a pesar de las restricciones generadas a raíz de la pandemia y que se ha logrado garantizar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.
Es tan alta la falsedad del citado informe que han tenido el atrevimiento de aseverar que en el caso de Latinoamérica y del Caribe, Colombia aparece junto con Honduras y Haití como los 3 únicos países en ese listado. Estoy completamente de acuerdo con el columnista Lozano y que no vamos a minimizar el problema del hambre en Colombia, pero que a pesar de tantas carencias, este informe no muestra la realidad que está asociada con entrega de subsidio monetarios, trabajo de los bancos de alimentos, redes de protección social, atención a los migrantes venezolanos y grandes soportes a los sistemas de salud y educación. Es un informe especulativo con prejuicios e intenciones políticas, no presenta soporte alguno frente a lo hecho en los procesos de paz. Ya la Cancillería, la Presidencia y la Vicepresidencia, deben estar dando una respuesta contundente, donde se den datos verificables y se pida una aclaración del informe a la Organización de las Naciones Unidas.
Otro informe presentado en el último mes es el de la misión de empleo. El mensaje de fondo del informe de este grupo, consiste en que las empresas, solo serán responsables de los costos de protección social que son intrínsecos a la relación trabajador empresa, sin tener recargos sobre la nómina salarial. Con esta medida se espera reducir costos de contratación de personal asalariado y aumentará la formalidad, la productividad y habrá más empleo.
Infortunadamente las reformas que plantea la Comisión son muy vagas. Se deben concretar y plantear posiciones económicamente viables, caso concreto el seguro de desempleo de mayor cobertura, que dé un ingreso para la pensión futura del trabajador. La misión no colocó números a su propuesta y esto la deja sin viabilidad práctica, aunque es un excelente ejercicio académico, es necesario más trabajo para poderlo aplicar en el mercado laboral colombiano.
Cuidado con implantar más remiendos en la legislación laboral colombiana. En los últimos 30 años se han adoptado 93 medidas en el área laboral con 63 leyes y 8 sentencias. No se puede seguir confundiendo remendar con reformar, porque esta ha sido la causa de que el mercado laboral en Colombia funcione mal, que los informales no puedan pensionarse y que la población se sienta mal tratada.
