Hace un año se dio inicio al trabajo de la Convención Constituyente en Chile, conformada paritariamente por 154 constituyentes, 17 de los cuales fueron escaños reservados para representantes de pueblos originarios. Después de 110 sesiones se dio cumplimiento al plazo máximo preestablecido para cumplir con la delicada y compleja labor de redactar un nuevo texto constitucional para proponer a la ciudadanía que deberá votar obligatoriamente si aprueba o rechaza el texto propuesto y que el pasado 4 de Julio le fuera entregado al presidente Gabriel Boric, para que este a su vez convoque al acto plebiscitario a realizarse el próximo 4 de septiembre.
Ha sido la primera ocasión en más de 200 años de vida independiente, que un texto constitucional ha sido construido de manera participativa y democrática a través de una Convención. Este solo hecho, es de una gran relevancia y llena de un positivo simbolismo el texto que ya está finalizado y es de conocimiento público. ¨Como lo manifestara el presidente Boric “… es un texto que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente”. Las tres Constituciones anteriores (1833, 1925 y 1980) fueron redactadas por pequeños conglomerados de especialistas con casi nula representación de la sociedad, sin perjuicio de lo cual tuvieron duración y permanencia en el tiempo.
La que está vigente a regido los destinos del país durante los últimos 42 años y es más conocida como la Constitución de Pinochet pues fue redactada por un muy poco representativo grupo de especialistas nombrados por el dictador, y que fuera sometida a un muy cuestionado plebiscito, en el que se votó sin registros electorales y sin posibilidad de que quienes discrepaban pudieran expresarse de manera libre y sin riesgo para sus vidas. Mas bien, todo transcurrió entre penumbras y de forma antidemocrática.
A partir de entonces, desmontar dicha Constitución y los enclaves autoritarios que contenía ha resultado un ejercicio desgastante que ha generado mucha frustración. Los partidarios de ella que no son pocos, se atrincheraron en los inalcanzables quórums establecidos para poder llevar adelante reformas, impidiendo así lo que se pudiera avanzar en reformarla, lo que muy probablemente hubiera evitado llegar al gravísimo estallido social de octubre de 2019, para que quienes no deseaban que se hicieran reformas de verdad y no meros maquillajes, accedieran a llamar a la elección de una Convención Constitucional que se encargara de redactar y así proponer al país el texto de una Carta Magna que reemplazara la del dictador.
Colombia, Ecuador y otros países latinoamericanos han transitado en los últimos veinte años por senderos similares a los que está viviendo Chile en el presente. Todos sabemos que el camino no es fácil y que quienes temen o avizoran que serán afectados sus intereses se orquestan para que se imponga el “gatopardismo” a través del cual se facilita que algo cambie para que todo siga igual.
De allí, que la campaña para desprestigiar el proceso que no ha estado exento de errores, se ha transformado en un preocupante suceso de la política chilena, porque si llegare a imponerse el rechazo al texto propuesto significa que seguirá vigente la actual Constitución con el consiguiente riesgo de que se vuelva a imponer un muy deteriorado ambiente político, en el que las mayorías que se sienten excluidas volverían a manifestarse ante la frustración por el tiempo perdido y lo inocuo del proceso.
Por ello, se debe actuar con sabiduría y mucho desprendimiento, siendo el naciente gobierno del presidente Boric el que deberá encauzar este delicado momento porque lo que está en juego es el futuro de un país entero.
