Mucho se ha dicho sobre la permanente práctica de los grupos al margen de la ley, de vincular menores de edad, en una actitud que implica primero que todo un reclutamiento forzado, en donde esos niños y niñas son sustraídos a la fuerza de sus hogares, para que entren a servir los fines políticos de esos movimientos irregulares, en un acto de perversidad y de ignominia que debe estremecer a todos los colombianos.

Esta situación implica una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario, por cuanto el alcance de esa práctica lleva al establecimiento de una condena para un ser humano que apenas comienza la existencia, en donde será obligado a padecer una vida llena de abusos, de privaciones y de limitaciones, en un escenario que representa mucho más que una esclavitud.

De otro lado, la familia entera queda también condenada a padecer la ausencia del ser querido, en medio de la más angustiosa incertidumbre, que no permite saber su estado, ni siquiera el aseguramiento de su supervivencia.

Aquí es en donde se requiere una actitud mucho más decidida de la comunidad internacional, para condenar esas terribles prácticas y hacer valer el peso de su influencia para que se puedan diseñar mecanismos de persuasión, que permitan salirle al paso a semejante situación.

Es una verdadera vergüenza para Colombia, que registre zonas del territorio en donde estas acciones son posibles, dejando de paso en claro que el Estado no está en capacidad de evitar tan repudiable monstruosidad. 

En aquellas regiones en donde ocurren estos episodios, a las gentes no les queda sino dos caminos: Uno, el de salir corriendo en calidad de desplazados, arrojándose a un escenario lleno de amenazas, en donde no es posible advertir la suerte futura de los afectados. O el otro, tratar de resistir el estado de cosas y exponerse a ser blanco, tarde o temprano, de aquellos criminales que arrojan toda su perversidad sobre las víctimas que van encontrando a su paso.

El cuento aquél de que en la lucha política todo vale, no es más que una excusa para introducir los elementos criminales a la acción, y aquí lo vemos con toda claridad. Cada vez que venga a Colombia una misión de cualquier organismo internacional, debe conocer de cerca este lamentable panorama, para que siempre que se pretenda invocar un presunto derecho de lucha armada, esté de presente este macabro proceder, que además de un rechazo tajante, debe producir repudio, desprecio y horror. Nunca la humanidad puede llegar a justificar semejante proceder.