No hay pretensión ninguna de acuñar un estribillo con respecto a la noción negativa del orden institucional de la nación. Pero si conviene poner en evidencia que cuanto se predica está lejos de ser verdad. La Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho. La realidad es distinta si se toma en cuenta la sociedad clasista predominante, más las secuelas resultantes de ese desgreño. Es otro engaño el retrato de la democracia expuesto con insistencia.  Las desigualdades están a la vista en todo.  ¿Cómo hablar de equidad cuando se hace cada vez más ostensible el manejo hegemónico del Gobierno, o la división de los poderes públicos se desdibuja para darle paso al autoritarismo oficial, con abuso de poder en diferentes instancias? La erradicación de la corrupción que debiera ser prioridad principal no ganó espacios en la agenda del Gobierno a pesar de los 11 millones de votantes en el plebiscito ciudadano de rechazo a las conductas ilícitas de servidores públicos, incluidos conspicuos heliotropos de c
uello blanco y hasta congresistas reputados de mesías. En cambio, fueron privilegiados asesores de políticas que le garantizan utilidades a sus operadores, siempre arropados con  la amistad de quienes controlan las palancas del poder.

La situación creada en el país por la pandemia debió llevar a una reflexión lúcida de soluciones que los problemas del país reclaman. No se hizo y se impuso la línea de más de lo mismo. No es cierto que se haya pensado con seriedad o a profundidad sobre los pobres, los más vulnerables y en la reparación prevista para las víctimas del conflicto armado. Unos meros subsidios asistencialistas no son suficientes. Y la paz requiere mucho más.

Es preocupante el incremento de la violencia política con masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales y exterminio de excombatientes de las Farc o de despojo de tierras de los campesinos. Mientras debiera pensarse en el desmonte de todos los factores de pobreza y de perturbación, o en cerrarles los caminos a la ilegalidad, se prefiere comprometer los recursos en proyectos para hacerle maquillaje a los deterioros reconocidos.

Hay, sin duda, inocultables distorsiones de lo que representa en realidad la democracia. Y es cada vez más densa la turbidez institucional. Entre los últimos hechos que entran en ese tejido están el expediente de la Fiscalía contra el candidato a la Presidencia Sergio Fajardo y la descarada presión del gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral para elegir en esa entidad un presidente de bolsillo que se haga cómplice de fraudes que pudieran darse en las elecciones de 2022.

Puntada

La violencia en la frontera de Colombia y Venezuela le impone a los gobiernos de los dos países buscar en conjunto una solución de paz.

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