Carlos Marx sentenció que “La violencia es la partera de la historia”. Lo dijo en un contexto universal, tomando en cuenta el desarrollo de las luchas por el poder, en diferentes épocas y escenarios. Porque mediante actos basados en la fuerza se han abierto espacios de dominación. Pero esa visión no tuvo la finalidad de proponer los actos ofensivos como patrones ineludibles para la construcción de la sociedad.

En su inspiración poética, Walt Whitman encontró la respuesta apropiada: “Cuando el mundo sea libre la política será una canción”. Si se superan los factores de desigualdad se vivirá en armonía, sin las brechas de pobreza y desconocimiento de la dignidad humana.

Los gobernantes que están al servicio de las castas dominantes se han empeñado en privilegiar la violencia en función de sus intereses. Para ellos matar es un acto legítimo, más importante que garantizar la vida. Por eso no les gusta el acuerdo de paz con las Farc. Pareciera que la beligerancia de la guerrilla les reportara réditos o que la desmovilización de los combatientes les hiciera perder ganancias ya previstas. Es una lógica perversa la que manejan. Lo cual los llevó a aliarse con el paramilitarismo y alentarlo en sus operaciones criminales en vez de negociar una salida democrática para ponerle fin a un conflicto armado de medio siglo.

La desfachatez con que el ministro de la defensa Diego Molano justifica la muerte de menores en el bombardeo contra un campamento de las disidencias de las Farc genera indignación. ¿Cómo así que no hay problemas en matar niños reclutados mediante la fuerza por la subversión? Y además, los estigmatiza declarándolos “máquinas de guerra”. Esa postura pone en evidencia el menosprecio oficial por derechos que el mismo Estado colombiano se ha comprometido a no transgredir.

No puede ser que matar sea una política de Estado. No puede ser que un gobierno se sienta victorioso con el asesinato de más de 6.000 colombianos indefensos en operaciones extrajudiciales, presentándolos como combatientes de la guerrilla, para justificar el crimen, cuando la verdad es que fueron jóvenes reclutados mediante engaño para terminar victimizándolos en el matadero a fin de mostrar unos resultados de engaño.

Aunque sea una institución armada, las Fuerzas Militares no pueden convertirse en un instrumento de exterminio. La defensa de la seguridad no puede estar articulada solamente a la represión. No encaja en un Estado social de derechos, como está definido el de Colombia en la Constitución. El ejercicio letal de la Fuerza Pública es propio de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, cuyo menosprecio de los derechos humanos es su santo y seña.

La democracia impone la protección de la vida y a este aserto no le caben dudas.

Puntada

La propuesta de armar a los colombianos es otro adefesio.

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