La seguridad ciudadana es uno de los bienes públicos más importantes “… se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. Concierne, en esencia, a la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de derechos humanos, especialmente, del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al ámbito más personal” (PNUD 2011); es así, que contar con un Estado que brinde las condiciones de protección y convivencia es fundamental; por un lado los elementos constitutivos desde el enfoque de derechos tal como lo expresa el PNUD, y por otra parte el beneficio instrumental de tipo económico “El crimen y el temor al crimen influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y distorsionan la asignación de recursos públicos y privados” (BID 2015) generando costos económicos y sociales.
Cúcuta atraviesa una coyuntura difícil dado el ambiente de inseguridad y zozobra que pone en vilo la confianza de los ciudadanos y las instituciones, afecta el tejido social, y deteriora la legitimidad del Estado, lo que puede conducir acciones ciudadanas expresadas en tomar la “justicia” por sus manos, lo cual sería preocupante. Los datos muestran tendencias interesantes de 2014 a 2015 en algunos delitos (los datos están expresados por cada 100.000 habitantes) los homicidios pasaron de 29 a 27, la violencia intrafamiliar de 205 a 332 y la extorsión de 13 a 15; por el lado de la percepción ciudadana según el Cúcuta como Vamos el 34% de los ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad, 11 puntos porcentuales mayor a 2014; el 15% ha sido víctima de un delito, siendo el 73% el atraco y el robo; el 62% no denunció el delito, la razón de mayor peso fue la falta de confianza en las autoridades (43%); y solo el 18% considera probable sanciones; por otro lado, el 20% de los ciudadanos consideran que las autoridad
es están trabajando por la seguridad de sus barrios ( -10 puntos porcentuales respecto al 2014), solo el 39% conoce el plan cuadrante de la Policía, y el 34% se siente satisfecho con los resultados de esta medidas; y por último, solo el 18% considera que la justicia está ayudando a reducir la criminalidad (-5 pp con respecto al 2014).
Ese escenario de desconfianza, no se afronta con medidas reactivas, exigen un análisis racional; por poner un ejemplo, hacer una cartografía por comunas y barrios, y a partir de la información de Medicina Legal y la Policía Nacional identificar “patrones” de comportamiento, frecuencias de los delitos, a partir de variables como: hora, lugar y móviles (además de otras relacionadas con las características de las victimas) lo que permitiría zonificar y concentrar acciones, etcétera. No es suficiente cerrar a determinadas horas los sitios nocturnos, ya que estaríamos en acciones basadas en la intuición. Se necesita el apoyo de la comunidad, mejorar la confianza entre ellas y las autoridades, y articular los distintos actores relacionados con este tema, y en alianza con las universidades crear un observatorio que sistematice la información, diagnostique e intercambie experiencias exitosas de otras ciudades. Porque la seguridad ciudadana es un bien público, como derecho y también como un elemento positivo para el desarrollo económico.
