El Estado colombiano no tiene las herramientas necesarias para combatir la corrupción ni ejercer una vigilancia efectiva de todas las entidades que manejan recursos públicos, por eso la lucha por la transparencia en la contratación ha sido estéril. La actuación de los órganos de control ante un hecho de corrupción es tardía. Cuando terminan las investigaciones fiscales y se publican los hallazgos, la tarea de recuperar los dineros desviados se convierte en una cruzada imposible. 

Algo había que hacer para cambiar esa realidad y un paso importante lo dio el contralor general Carlos Felipe Córdoba, quien logró la aprobación en el legislativo del proyecto de reforma constitucional que otorga mayores dientes a la Contraloría para evitar el desangre del erario. 

Un aspecto transcendental en esta iniciativa es la facultad conferida a dicho organismo para el control preventivo, concomitante y selectivo, que permitirá realizar una vigilancia en tiempo real con la posibilidad de dirigir recomendaciones y advertencias en caso de riesgos de irregularidades, acción que no puede ejecutar en la actualidad ya que la intervención fiscal llega cuando el proceso de contratación ha terminado. 

El control preventivo que fue aprobado tiene diferencias significativas con el control previo que existía antes de la Constitución de 1991, de ingrata recordación por la coadministración y manipulación que se hacía. La figura establece que el control preventivo será excepcional, no se hará en todos los contratos y tampoco tendrá carácter vinculante. Habrá una supervisión directa del Contralor General. 

El proyecto tuvo participaciones fundamentales para afinar el texto, ante las advertencias de los poderes omnímodos que se estaban otorgando. Por ejemplo, los dirigentes gremiales plantearon sus inquietudes y se lograron fórmulas que permitieron dotar al organismo de los instrumentos necesarios para la lucha contra la corrupción y a la vez mantener incólume la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, un acierto para que haya regulación en un tema tan delicado. 

Una de las tareas que quedó pendiente en la iniciativa aprobada por el Congreso fue la eliminación de las contralorías territoriales, cuyos resultados de gestión no son claros al momento de evaluar la efectividad para evitar el desvío de dineros en las regiones. Esto se debe a muchos factores, entre ellos que el nombramiento de sus funcionarios está altamente permeado por la dirigencia política, razón por la cual no pueden actuar con independencia al momento de vigilar los gastos de las entidades, por eso son consideradas como un fortín burocrático que representa un alto costo para el Estado. 

Al respecto hubo un avance y es que al menos se instituyó la elección de los contralores municipales, distritales y departamentales a través de una convocatoria. 

La fuga de capitales como consecuencia de la corrupción es inmensa y afecta enormemente la economía nacional. Se requiere una modernización de la Contraloría, esto implica la incorporación de tecnologías para desarrollar un control efectivo sobre el manejo de los recursos. Por eso celebro reformas como la tramitada en el Congreso que responde al anhelo generalizado de salvaguardar las finanzas públicas. 

@WilsonRuizO