El ordenamiento jurídico de los países democráticos contempla el acceso a la información como un derecho que tenemos todos los ciudadanos, más en la era de las telecomunicaciones con el uso de las redes sociales, que permite que un hecho sucedido en un punto del planeta sea de público conocimiento en cuestión de segundos. 

El manejo global de la información advierte sobre abusos de quienes ostentan el poder o violaciones a los derechos fundamentales, pero también puede afectar la honra, integridad y seguridad de las personas o de una nación. 

Es así que al tiempo que se protege el derecho a la información, se crean restricciones constitucionales y legales para que documentos que revelen datos sensibles o confidenciales de un Estado, sean resguardados. 

Incluso por ley se preservan archivos personales como la historia clínica de un paciente o su orientación sexual, y mucho más los secretos de un país que en las manos equivocadas, podrían ser utilizados para atentar contra su estabilidad institucional.

Esa es la razón de ser de la existencia de la reserva en las entidades estatales, entre las que se cuenta la Fuerza Pública. Por eso más allá de las consideraciones planteadas para que se conozca lo ocurrido en Colombia durante más de 50 años de conflicto con las Farc y en general con las organizaciones generadoras de violencia, es extraña la solicitud del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, requiriendo documentos militares clasificados, entre bases de datos, manuales de planes estratégicos para afrontar la guerra interna, inteligencia y contrainteligencia, que hacen parte de la confidencialidad de la nación, pues su publicación atenta contra la seguridad nacional.

El Ministro de Defensa ya anunció que esa petición no será concedida y se da por descontado que el Gobierno no autorizará revelar esa clase de archivos, pero el solo requerimiento causa malestar, desconociendo la reserva legal y las repercusiones que ello podría tener para la institucionalidad.

Los servidores del Estado y particulares que desempeñan funciones públicas están obligados a no revelar expedientes clasificados, so pena de sanciones reguladas desde el derecho disciplinario hasta el penal, y esas normas serían transgredidas en caso de que se acceda a la exigencia de la Comisión de la Verdad dirigida por De Roux. 

Si bien el acceso a la información es un derecho que se convierte en un mecanismo de transparencia para las administraciones, no es posible que suceda en todos los casos, pues existen restricciones legales para autorizar la difusión de algunos asuntos. 

En este punto es bueno considerar que se debe controlar la fuga de datos, ya que hemos tenido ejemplos reales de filtraciones a pesar de las prohibiciones, como el caso del conocido hacker Andrés Sepúlveda, que causó alarma en las Fuerzas Militares por expedientes clasificados de inteligencia castrense que estaban en manos de civiles.

Así que además de proteger la información, lo cierto es que este episodio podría aprovecharse para mejorar los protocolos de seguridad de documentos reservados y exigir su adecuado tratamiento, ello garantiza la salvaguarda e integridad de nuestras instituciones.

@WilsonRuizO