La certificación otorgada por el gobierno del presidente Donald Trump a la lucha contra el narcotráfico en Colombia, es un espaldarazo a la cooperación de Estados Unidos en las operaciones para acabar con los narcóticos, fundamental para sostener las labores de erradicación que se adelantan en diferentes puntos de nuestra geografía, especialmente en el sur del país. Son 418 millones de dólares destinados por el Congreso norteamericano para el Plan Colombia en este año, que sobrevive desde el 2000 cuando fue aprobado por el entonces mandatario Bill Clinton. En 2019 hubo un incremento de 27 millones de dólares en esos recursos. 

No nos podemos engañar frente a la realidad nacional en materia de narcotráfico, el hecho de que haya una certificación no significa que la producción de alucinógenos no sea alta, Colombia es catalogada como una de las mayores productoras de cocaína. El más reciente informe sobre cultivos ilícitos, publicado en 2018 por el Observatorio de Drogas de Colombia, señala que existen 169.018 hectáreas sembradas con arbustos de coca. Hay que destacar los avances de la administración del presidente Iván Duque que en los primeros diez meses de gobierno logró destruir 71.041 hectáreas de coca, poniendo freno al crecimiento vertiginoso de los últimos años en tierras sembradas con esta planta. 

Son respetables las voces que critican una certificación conferida por uno de los principales consumidores, sin embargo la ayuda recibida por parte de Estados Unidos es primordial para contrarrestar a las organizaciones ilegales. Se requiere de alianzas estratégicas para ganar la guerra a delincuentes transnacionales, no podemos olvidar que dicha figura fue implementada en 1986 cuando el Congreso de Norteamérica conminó al Secretario de Estado y al Presidente a condicionar la entrega de ayudas a los territorios productores y de tránsito de alucinógenos, solo se daría de integralmente a quienes legitimaran la cooperación con resultados. 

La ofensiva contra el narcotráfico debe ser realizada de manera conjunta, con acciones donde se produce y en el lugar de destino de la droga. No hay que olvidar que esta confrontación ha causado la muerte de miembros de la Fuerza Pública y personas civiles, dejó víctimas de desplazamiento y torturas y afecta la economía de una nación, por eso la importancia del reconocimiento que se hace a esa lucha a través de la certificación, que si bien es otorgada por el gobierno norteamericano, repercute en la imagen del país en todo el mundo, además de los recursos que seguirán recibiendo las unidades militares y de policía. 

La guerra continúa, de hecho Colombia asumió el compromiso de reducir en un 50 por ciento las cifras de cultivos ilícitos hasta el 2023 si quiere mantener la colaboración económica, por eso es necesario usar todos los métodos legales para lograr ese objetivo, incluso que se permitan las aspersiones aéreas como una de las más eficaces técnicas para combatir el narcotráfico, aunado a los programas sociales de erradicación manual y sustitución de las matas de coca y amapola. 

@WilsonRuizO