Cero y van tres en el periodo del presidente Duque Márquez. Las tres reformas tributarias con disfraces en su denominación: 1. Ley de Financiamiento, declarada inconstitucional. 2. Ley de Crecimiento Económico adobada de más empleo, más ingresos, menos impuestos y que descuadernó el Covid. 3. Proyecto de Transformación Social Solidaria: en elaboración.

Con esta pandemia, este proyecto debería ser juiciosamente concebido, pues” el palo”  escasamente da mantener el punto de crecimiento, sin poder generar empleo y sostener incentivos salariales. La pequeña y la mediana empresa vienen cerrando sus puertas y la inversión pública se convierte en subsidios y soportes para la emergencia de salud; para quince millones de colombianos en pobreza y los vulnerables de la pandemia. La regla fiscal se desacomodó y eso es un mal indicador. Así que el  panorama es grave. 

Los estratos uno y dos según del DANE no logran las dos raciones diarias y el Estado clientelista despilfarra, pues las medidas de austeridad como las del Decreto 371 del pasado 8 de abril de 2021, puede pasar como unas más,  en la historia de las medidas de austeridad, como las  tomadas desde la Ley 81 de 1960, que fue considerada en la historia de la Hacienda Pública de Colombia, como la Ley más madurada en materia de impuesto a la renta.

Entonces queda en nuestras cabezas una inquietud. Si las exenciones tributarias a la banca y el sistema financiero, a la construcción y a las suministradoras de energía y gas suman $90 billones ¿no es mejor reducírselas en lugar de grabar la canasta familiar y la clase media?

Este Decreto 371 de hace ocho días, traza la austeridad en el presupuesto nacional: congela las plantas y gastos de personal, la contratación de servicios, las horas extras, los bienes inmuebles, da prelación a los encuentros y al laboreo virtual,  restringe los suministros de tiquetes y reconocimientos de viáticos. Lo mismo de siempre. 

Restringe a los turistas públicos en el exterior, a las delegaciones oficiales y comisiones, a los eventos y esquemas de seguridad,  a la utilización de vehículos oficiales, a la publicidad estatal, a la papelería lujosa y a la telefonía móvil.  Lo mismo de siempre.

La reforma fiscal -paralela-, congelará por cinco años los sueldos de los funcionarios públicos para ahorrar 9 billones de pesos. Pero lo absurdo es que no se contempla la reducción  del Estado. Recordemos como el DAFP en 1996 recomendó a Samper  suprimir 40 entidades después de estudiar 240 empresas estatales, entre ellas Incomex y todos los fondos rotatorios y eliminar algunos ministerios.   

Vean pues como con nombres sofisticados se disfrazan las reformas tributarias. O como dijo Juan Camilo Restrepo: ¿Es un mero juego de palabras? ¿O una cortina de humo “precautelativa? ¿Cómo no va a ser Reforma Tributaria una iniciativa que pretende recaudar 28 billones de pesos?

Adenda: ¿En que irá el diseño institucional del municipio de Cúcuta? Si al menos hiciera esto, Jairo Tomás pasaría a la historia de la ciudad.