El desplazamiento que han sufrido, cruelmente, miles de personas en Ituango desde el pasado 21 de julio, no lo podemos normalizar. La atroz realidad que experimentan cientos de familias, muchas de ellas vulnerables, se volvió “paisaje”. La indolencia del Gobierno y de la sociedad colombiana en su conjunto es repugnante. Si este país no es capaz de garantizar el respeto por los derechos humanos de la gente más humilde primero, somos inviables como sociedad democrática. El sentido ético en una nación que se diga democrática, es la dignidad humana y el cuidado del planeta.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las amenazas de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de Ituango han provocado el desplazamiento masivo de aproximadamente 4.100 personas. Tenemos un patrón de desplazamiento en Colombia, liderado por grupos armados ilegales que viven de negocios criminales, particularmente el narcotráfico. Solo hay que recordar que este municipio antioqueño ha visto la peor cara del conflicto y la violencia en Colombia, como cuando fue el escenario de las masacres paramilitares de El Aro y La Granja, ambos declarados crímenes de lesa humanidad.
Ahora bien, algo que debemos tener muy en cuenta es que la tragedia de Ituango no se trata, solamente, de una disputa territorial entre grupos armados no estatales. De parte del propio Estado hay una gran responsabilidad por su ausencia territorial y el bajo nivel de implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, la paupérrima ejecución de la Reforma Rural Integral y del Programa nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Este “conejazo” al proceso de paz, es la circunstancia aprovechada por los “señores de la guerra” para aterrorizar, intimidar y amenazar a las comunidades en estos territorios. La población está desprotegida, sin garantías y en medio de los enfrentamientos de mafiosos como las disidencias de las Farc, el Eln, el clan del golfo, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la organización de los Beltrán Leyva, de Juárez y los Zetas. Todos a sangre y fuego se disputan el control de los corredores estratégicos para el narcotráfico.
Ante este apocalíptico panorama, exigimos acciones efectivas frente a la crisis que vive Ituango. Las autoridades locales, regionales y nacionales deben asumir su responsabilidad y enfrentar a fondo el reto de poner en marcha un control territorial efectivo, no ser cómplices de la muerte del Acuerdo de Paz y fortalecer la presencia institucional y el desarrollo de infraestructura social de esta región que fue abandonada por nuestras instituciones.
Todo esto debe ir acompañado de la verdad, pues no habrá una salida efectiva para la crisis sin determinar las relaciones históricas entre líderes políticos y las organizaciones ilegales que azotan a la comunidad.
Como el caso de José Amadeo Oquendo, exconcejal de Ituango, que fue capturado a finales de 2020 por presuntos nexos con el grupo armado organizado residual (GAOR) 18, dedicado a homicidios selectivos, extorsión y desplazamientos masivos de campesinos en la región.
