Nuestro representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para “que se le ponga freno a otros “abusos” que se suelen desatar para esta época del año, como es el caso de los tiquetes aéreos”  (Diario la Opinión 9 de diciembre 2016).  Estamos de acuerdo con el representante, ni más faltaba, pero debe ir más allá y proponer en el Congreso de la República que, además, del aumento exagerado de los precios en forma general- por encima del aumento del salario mínimo- que se come el aumento pírrico de los salarios de los trabajadores, legislen para que los servicios que presta el Estado a nivel nacional y territorial no aumenten en una anualidad en un porcentaje mayor al índice de precios al consumidor (IPC)  del año inmediatamente anterior. La mayoría de los costos de los servicios que cobra el Estado, por no decir que todos, aumenta de año a año por encima del aumento del salario mínimo no solo neutralizando el aumento que se les hace anualmente a los asalariados sino disminuyéndoles paulatinamente su poder adquisitivo. Y esto es una práctica reiterada que viene permitiendo el Gobierno en los abusos en las alzas de los costos de sus servicios, sumado a las reformas tributarias igualmente anuales que nos imponen  para ajustar los gastos estrambóticos en los que incurre la clase política del país desde el presidente de la República para abajo. La de este año la sacaron del estadio con alza general del IVA y demás arandelas que hace más gravosa la situación de la ciudadanía en general.   En  el caso de la empresa privada dentro de un mercado de libre competencia, si suben el precio de sus productos exageradamente disminuye la demanda y,  por ende,  tiende a disminuir el precio nuevamente por el efecto de las leyes de la oferta y la demanda que equilibran el mercado. Pero para el caso del Estado  no hay ley del mercado que nos ampare ante los monopolios y, necesariamente, queramos o no, a regañadientes tenemos que pagar los tributos y los costos de los servicios que nos impone. Me llama la atención el proyecto que se tramita en el Congreso sobre reconocimiento de prestaciones sociales y salarios a los 418 diputados del país con un promedio entre los $11’088.000 y los $18’480.000 que no cuestiono pero que aumentan los gastos del Estado y vía tributos los pagamos todos los colombianos. 

Y digo que me llama la atención por cuanto ahí sí los legisladores, por aquello de la solidaridad de cuerpo, van a tener cuidado en el aumento anual de los sueldos de sus “colegas” determinándoles que se haga en el mismo porcentaje del salario mínimo. Para ilustración de los lectores, el salario mínimo todos los años aumenta uno o dos puntos por encima del IPC. En cambio, las mesadas pensiónales aumentan con el IPC sufriendo un deterioro paulatino a través de los años que los obliga, a los pensionados, a consumir cada vez menos haciendo más paupérrima su subsistencia. Y pensar que ronda en el Congreso la idea de gravar con impuestos las mesadas pensiónales. ¡Que vergüenza!