Los trágicos y posiblemente criminales hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, en los que pudo haberse ejecutado una masacre perpetrada por miembros de la Fuerza Pública, es decir una masacre de Estado, y en la que resultaron asesinados 11 civiles, incluyendo   mujeres   y   niños, enlutan a todo el pueblo colombiano y despiertan nuestra indignación total.

El informe periodístico realizado por El Espectador, el portal Vorágine y Cambio plantea la hipótesis de que militares colombianos actuaron por fuera de todo protocolo operacional y normatividad al usar vestimentas negras para no ser identificados.

Se habrían presentado como guerrilleros, no como miembros del Ejército, además de manipular los cuerpos de sus víctimas. De ser esto cierto, estaríamos ante un caso más de la política de la muerte y de los falsos positivos que el gobierno actual ha revivido y que fue ampliamente ejecutada en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Quince   años   después   del   horror   de   las   ejecuciones   extrajudiciales, estaríamos repitiendo una historia que nos causó una vergüenza mundial y que nos obligó como país a jurar “nunca más”. La Constitución dice que la Fuerza Pública tiene el monopolio de la fuerza y que sus armas solo pueden usarse para defender la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Esas armas no pueden dirigirse hacia ciudadanos inermes y menos si se trata de mujeres en estado de embarazo o niños.

Los militares no pueden seguir siendo el brazo armado de un partido político que encuentra en la guerra la base de sus discursos y de su pseudo contenido ideológico. No podemos permitir que esta sea una condena eterna a la que nos sometan los políticos que, desde sus privilegios ordenan la ejecución de civiles y el uso político de la Fuerza Pública.

Desde el Nuevo Liberalismo, creemos que ya es hora de acabar con la fracasada, nefasta y sangrienta guerra contra las drogas. Las víctimas mortales de esta guerra son los pobres, los jóvenes y los negros. Se ha convertido en el marco sobre el cual las masacres de Estado o los falsos positivos adquieren valor. Mientras esta siga presente dentro de la política de seguridad, la muerte será la constante y la excusa para perpetuar en el poder a fuerzas que hacen de la guerra la principal justificación de su propaganda política.

Además, necesitamos gobiernos que dejen de escudarse en la guerra para dejar de gobernar, pues mientras más guerra y política de la muerte haya, menos Estado tendremos en los territorios y menos esfuerzo habrá por parte de nuestras instituciones por llevar educación, salud, carreteras y desarrollo. Mientras la guerra contra las drogas y su política de la muerte sean hegemónicas, será visto como justo que el Ejército entre a matar sin preguntar, como a muchos les encanta y la vida nunca será la prioridad.