Colombia está viviendo los últimos tiempos una movilización social, parecida a la que se presenta en otras sociedades, pero con la diferencia que el largo ciclo de violencia política que nos ha acompañado, en cierta medida la subsumió o mejor la clandestinizó, por cuanto protestar era exponerse a ser un objetivo de persecución política –rezagos de esto siguen presentes, desafortunadamente-. Por eso protestar sigue siendo visto como una acción riesgosa y entonces ejercer un derecho ciudadano se ve como algo que puede llevar a exponer la vida, pero también pareciera que en ciertos inconscientes colectivos, igualmente está presente la idea que protesta sin violencia es poco efectiva y que cuestionar ciertos métodos es situarse en el campo del ‘enemigo’ –con todo lo difuso que ha sido en nuestra historia esta expresión-.
Esta protesta tiene como antecedentes cercanos las movilizaciones estudiantiles del 2018 que lograron colocar en la agenda pública y en la atención del gobierno problemas sensibles de la educación –con énfasis en la superior- y avanzar algunos ejercicios de diálogo y concertación; luego las grandes movilizaciones de 2019, como respuesta a la convocatoria del Comité Nacional de Paro (CNP) de una gran protesta social; en esta ocasión hubo una amplia respuesta ciudadana diversa, por supuesto con gran predominio de los jóvenes lo que llevó a la necesidad de ampliar las vocerías de las organizaciones juveniles en el CNP, -para muchos de los protestantes era descubrir o redescubrir ese derecho ciudadano-; estas movilizaciones tuvieron, de parte del gobierno Duque la respuesta de la llamada ‘Conversación Nacional’, que en la práctica no dio ningún resultado y tuvo ese Paro su máximo momento de movilización nacional el 21-N (21 de noviembre del 2019). Luego vino la pandemia de la Covi-19, empezando el 2020 y todo pareciera haber quedado en el ‘congelador’.
En este 2021, frente a la nueva convocatoria del CNP a un paro nacional el 28 de abril, se vuelve a desatar la dinámica social –de nuevo con gran protagonismo de los jóvenes-, pero ahora con acumulados de demandas incrementados, porque a las propias de los paros anteriores que el gobierno no respondió, se suman los impactos negativos derivados de la pandemia –aumento de pobreza e inequidad en una sociedad que históricamente ha sido de las más inequitativas del mundo-, junto con el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales y reincorporados de las antiguas FARC; igualmente se suma las movilizaciones de la minga indígena y las demandas de un sector de los camioneros. Todo esto dentro de un contexto internacional más sensible a comprender las demandas sociales y más aún con el nuevo gobierno norteamericano del Presidente Biden quién tiene en su agenda el tema de los derechos sociales –con la experiencia propia vivida por la sociedad norteamericana por la violencia policial contra personas de las poblaciones afrodescendientes-.
Pero, ¿qué hacer ahora? La salida, por lo menos parcial y realista, pasa por buscar alternativas institucionales –algunos de manera un poco delirante seguramente se sienten al borde de replicar momentos de otras sociedades, en otros tiempos, de ‘captura del poder’-, para ello el Diálogo y Negociación liderado por el Comité Nacional del Paro con el gobierno Duque, ampliando sus vocerías y esto lo saben ellos muy bien y agendas como los seis puntos propuestos por los Rectores de siete universidades de primer nivel, acompañado de una sensibilización de las bancadas de Congreso, no solamente de oposición, sino independientes, porque allí se tramitan o aprueban decisiones de política pública, pueden ser el inicio del camino de solución; esto acompañado de mesas de diálogo y concertación territoriales.
Confiemos en el tino de los líderes sociales y por una vez del Gobierno.
