La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió este jueves 27 de enero para decidir cinco tutelas que hablan de la grave situación de seguridad que viven los firmantes del Acuerdo de Paz con los excombatienes desarmados de las Farc.
Del encuentro, los magistrados concluyeron por mayoría el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento a lo acordado en materia de seguridad en La Habana.
Con una apretada votación de 5 a 4, el alto tribunal reconoció que hubo afectaciones a los derechos que deben gozar los excombatientes a la hora de su reincorporación a la vida civil.
Por eso, tras la declaratoria de la Corte, este tribunal le dará órdenes directas a la Presidencia de la República y a las otras partes demandadas con el fin de verificar que las garantías a la seguridad se estén cumpliendo.
Para tal fin, esta corporación garante de la Carta Política ordenó la creación –en máximo dos meses– de una Sala Especial de Seguimiento en su sede, la cual tendrá como tarea hacerle seguimiento al trabajo que adelante el Gobierno Nacional.
“Las autoridades concernidas deberán entregar a la Corte Constitucional un reporte de las medidas adoptadas, como mínimo una vez cada seis meses”, dice la Corte.
El informe deberá ser claro, conciso y breve, para de esa forma leer resultados concretos en esta área del Acuerdo de Paz. Además, se advierte que en caso de no cumplirse los requerimientos que tenga la Sala Especial, el reporte será devuelto para que se ajuste en el menor tiempo posible.
En este punto, entidades como la JEP, la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría podrán intervenir ante la Corte con soportes que lleven a evidenciar cómo se desarrollan los trabajos en materia de seguridad a exFarc.
Este proceso llegó al alto tribunal luego de una tutela puesta por Nubia Amparo Ortega y otros excombatientes de departamentos como Nariño y Guaviare, en contra de la Presidencia, el Ministerio del interior, la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, entre otros. Su magistrada ponente fue la abogada Cristina Pardo, vicepresidenta de la corporación.
A favor de la decisión estuvieron los magistrados Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y la ponente Cristina Pardo. En contra votaron Paola Meneses, Alberto Rojas, Jorge Enrique Ibáñez y Gloria Stella Ortiz.
El partido Comunes, surgido tras el desarme de las Farc, saludó la decisión del alto tribunal, que fue recibida como un “respaldo a las denuncias” que los excombatientes han “venido haciendo”, según dijo el senador Julián Gallo, miembro de esa colectividad.
“Esto lo que demuestra es que en materia de seguridad no se ha avanzado para dar plenas garantías a la reincorporación socio-económica y política de los firmantes de la paz”, agregó el senador en un comunicado, en el que también criticó al Gobierno del presidente Iván Duque y reprochó su “doble moral”.
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