Las declaraciones y decisiones de Petro y su gobierno no son solo polémicas sino muy preocupantes. Gravísima es la afirmación de hace un par de días, en el Catatumbo. Dijo que “los campesinos podrán seguir sembrando coca mientras que prueban con cultivos sustitutos”.

No puede ser Petro, ni ningún jefe de gobierno, quien decida si se puede o no sembrar coca. Cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca es hoy un delito y solo el Congreso puede retirar la sanción penal. De ninguna manera puede hacerlo Petro. El día en que sea un jefe de gobierno quien decida las conductas que son o no son un delito estaremos en un régimen autocrático y no en una democracia. Petro se entromete en las competencias del Congreso y viola la ley.

La excusa para darle vía libre a los cultivos de coca es, además, muy peligrosa. Dice Petro que “el Estado debe cumplir la voluntad de la sociedad [y que] es la gente del común la que tiene el poder”. Pero ocurre que él no es el Estado y que los ciudadanos se expresan en una democracia a través de sus parlamentarios en el Congreso. En el discurso de Petro subyace la pretensión de que es él el vocero de “la sociedad” y de “la gente del común” y ahí, de nuevo, usurpa el papel del órgano legislativo y mina el sistema democrático.

De manera que Petro debe cumplir la ley mientras que ella esté vigente, no puede autorizar los cultivos de coca, cuando lo hace prevarica y subvierte el principio democrático de la separación de poderes y, cuando pretende cumplir las funciones del Congreso, usurpa sus competencias y asume una posición abiertamente autoritaria y contraria a la democracia.

Además, las consecuencias de su decisión son también nefastas. El país está inundado de coca y de cocaína. Para fines del 2021 teníamos 204.000 h de coca y se producían 1.400 toneladas de cocaína. Todas las decisiones de Petro agudizan y empeoran el problema. Cada una de sus determinaciones en estas materias, sin excepción, debilitan a la Fuerza Pública y fortalecen a los bandidos.

En lo que hace al narcotráfico, hay proyectos de ley no solo para permitir el uso recreacional de la marihuana sino para la legalización de la cocaína, quiere replantear la figura de la extradición, ha ofrecido negociación con beneficios jurídicos a los criminales vinculados al narcotráfico y, en lo que sería la más grande operación de lavado de activos, les ha prometido que se quedarían con el diez por ciento de sus sangrientas fortunas.

Y no se ha quedado ahí: decidió que no se usará glifosato ni siquiera para la erradicación manual. De hecho, la Policía ya no está recibiendo glifosato para ser usado en el PECAT. Y, después de El Tarra, se pone fin a todas las formas de erradicación, no solo la forzada.

Mientras tanto, militares y policías sufren ataques permanentes desde el mismo Gobierno, sobre los que no volveré ahora, y están cuasi paralizados. Según la Fundación Ideas para la Paz, en los primeros cien días de esta administración, la operatividad de la Fuerza Pública ha caído cerca de un 70% respecto del mismo período de 2021. Mientras tanto, el enfrentamiento entre grupos ilegales ha aumentado un 79%, el asesinato de “líderes sociales” ha crecido un 50% y las masacres un 38%. 

Los resultados del Gobierno son desastrosos. Empeorarán con el paso de los días. Y se agravarán aún más con estas decisiones sobre narcocultivos. Los más beneficiados serán las grandes estructuras criminales, guerrilleros mafiosos y mafiosos de los de siempre.

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