La libertad de expresión y pensamiento son derechos de vital importancia en una democracia. No se puede concebir una democracia material si estos no se garantizan a los ciudadanos. Filósofos como Kant, Voltaire, Mill, Rawls, entre otros; han defendido estas prerrogativas como el núcleo fundamental de la carta de derechos de la humanidad.
Estos derechos empoderan a las personas, les permite no sólo proteger su dignidad sino también desarrollar el control ciudadano al poder público. Esta es la base de la actividad profesional del periodismo democrático que como cualquier otra debería tener las más claras garantías y protecciones, pero también las necesarias auto-limitaciones y regulaciones ético-jurídicas como serían: la objetividad, la ponderación, el profesionalismo, el respeto por los derechos de los demás, la rigurosidad, la verificabilidad y verdad investigativa, entre otras.
Y es que en los últimos días se ha presenciado en Cúcuta un periodismo autoproclamado “serio, ponderado e independiente” que se ha basado en despotricar de forma brutal de algunas instituciones de dicho municipio como es el Concejo. Ello por las críticas que han surgido a los modelos de concesión autorizados por esta corporación al alcalde César Rojas, en especial la relacionada con la de alumbrado público.
Nadie cuestiona la conveniencia de que exista oposición permanente a las decisiones políticas que se adoptan en el seno de una sociedad. Mucho menos cuando se refiere a las que adoptan los representantes de un pueblo como sería el Concejo municipal; pero llama la atención varias cuestiones: ¿si son tan objetivas, serias e independientes las críticas que este tipo de periodismo alega tener respecto al nuevo alumbrado público en Cúcuta y de su inconveniencia e ilegalidad para la ciudad, por qué no participaron en los debates que se surtieron en el seno del Concejo municipal cuando este analizaba la posibilidad jurídica de autorizar o no al alcalde a concesionar el nuevo modelo de alumbrado?, ¿por qué esta camada de pseudoperiodistas que conocen muy bien la práctica interna del Concejo no solicitaron participar en los debates respectivos ya fuese a través de documentos u oficios donde mostraran su posición ex-ante a la mencionada autorización o en persona ejerciendo su derecho político al control democrático?, ¿será oportunismo para figurar en el radar político?, ¿será que habrán “cien millones de razones” para desprestigiar a como dé lugar a la clase política de turno o para defender en el fondo un grupo político o económico que no salió ganador en la licitación pública para adjudicar el nuevo contrato de concesión?, ¿será que la presunción de legalidad de los actos desplegados por la administración municipal en la licitación pública para adjudicar el nuevo contrato de concesión han sido desvirtuados por algún juez de la Republica para que los concejales salgan a vociferar y criticar al alcalde?
Hay muchas razones para pensar que no hay veracidad ni rigurosidad investigativa en este tipo de periodismo que sólo busca atacar sin piedad a la clase política de turno. Si fuese lo contrario ya habría evidencias o elementos materiales probatorios en los despachos de los organismos penales, disciplinarios y fiscales competentes para que fuese la bomba política de la década y con ello se metiera a la cárcel a todo el Concejo y a gran parte de la administración municipal.
En definitiva un periodismo basado en odios, subjetivismos, acusaciones sin fundamento y veracidad es equivalente a la irracionalidad y misticismo de la Edad Media donde los tribunales de la inquisición condenaban y aniquilaban sin pruebas a todo “hereje” que no siguiera las pautas religiosas de la iglesia. Sin embargo como decía Voltaire “detesto lo que dices pero defendería a muerte tu derecho a decirlo”.
