El suroccidente colombiano no termina de recuperarse de las consecuencias económicas de la última minga indígena y ya se está gestando una nueva protesta masiva por los asesinatos de miembros de las comunidades étnicas, principalmente en el Cauca. 

Fueron 27 días de bloqueos que provocaron desabastecimiento de alimentos y combustible y afectaciones al sector productivo. de la región. El comercio arrojó pérdidas estimadas en 60.000 millones de pesos, un episodio que de repetirse colapsaría la economía de departamentos como Cauca y Nariño. 

Hay temor en la población por el constante asedio de grupos ilegales como las disidencias de las Farc, el Clan de Golfo y carteles de la droga mexicanos que, según denuncias de la gobernación del Cauca, se suman a la lucha por el poder local. Estas organizaciones estarían enviando panfletos amenazantes contra los líderes de las comunidades que buscan mantener el control territorial y tendrían participación en la muerte de 36 indígenas durante este 2019. 

Muchos son los factores que hacen que esas tierras sean epicentro de conflictos armados: guerra por el poder de una de las zonas que ofrece mayores posibilidades a los grupos de delincuencia para mantener una economía del crimen, disputas por convertirse en un mando paralelo de la administración pública, extensos cultivos de coca que permiten la producción de toneladas de sustancias alucinógenas, corredores viales que facilitan llevar la droga hacia el pacífico para allí ser embarcada a Centro y Norteamérica y la facilidad de resguardarse en territorio protegido, donde se ha resistido la presencia de la Fuerza Pública; todo esto hace que las confrontaciones sean más intensas. 

Pareciera que los indígenas del Cauca tratan a soldados y policías como enemigos, no permiten que se brinde la protección requerida. Son de reciente recordación episodios en los que un grupo de participantes de la minga amenazó con armas blancas a los uniformados y la retención de soldados que fueron humillados en las movilizaciones. 

No ha sido fácil la tarea de militares para velar por los derechos de los pobladores, sumado a que son territorios protegidos en los que existe restricción para el ingreso de organismos de seguridad. A pesar de la autonomía de la jurisdicción especial indígena y la autoridad que tiene la guardia indígena, por el riesgo de nuevos hechos de violencia en contra de estas comunidades es necesario que se permita la acción de la Fuerza Pública y que se realicen las investigaciones que den claridad frente a la fuente de los crímenes que inicialmente han sido atribuidos a las alianzas de organizaciones de delincuencia. En este punto la crítica contra las fuerzas castrenses es injusta, porque si bien tienen la obligación de arropar a todos los ciudadanos, su tarea no se facilita cuando reciben agresiones. 

Por eso antes de pensar en nuevas movilizaciones que paralicen el sur del país, golpeando la economía de una región sacudida por la violencia, hay que facilitar el acceso de la institucionalidad, permitir que las autoridades cumplan su función de salvaguardar a la población. 

@WilsonRuizO