El caso de corrupción más grande de América Latina que involucra a presidentes y expresidentes, funcionarios, empresarios y políticos de unos 12 países, no ha sido investigado en Colombia con la rigurosidad que se exige. Me refiero al escándalo de la firma constructora Odebrecht, que para conseguir jugosas contrataciones pagó comisiones millonarias, superiores a los 800 millones de dólares de acuerdo con la cifra estimada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En muchos países la mayoría de los implicados ya están vinculados a procesos penales, algunos con sentencia ejecutoriada. Sobre mandatarios, las indagaciones recaen en Danilo Medina de República Dominicana, Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer de Brasil y Ollanta Humala de Perú, además del caso del expresidente peruano Alan García, quien se suicidó como consecuencia de las investigaciones por corrupción. Sin embargo en Colombia no ha ocurrido lo mismo, aún no existe un proceso formal contra los llamados ‘peces gordos’ que presuntamente recibieron dineros para permitir que la gigantesca empresa brasileña de la construcción ganara las licitaciones.
Poco se ha dicho sobre los recursos que llegaron a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos y de las supuestas reuniones que él sostuvo con directivos de la compañía brasileña, según manifestación de los mismos empresarios involucrados en los procesos judiciales. La justicia tampoco avanza en determinar si Roberto Prieto, exjefe de campaña del expresidente Santos, recibió de Odebrecht un millón de dólares para financiar la reelección en 2014.
En Colombia solo tres personas han respondido judicialmente: el exviceministro de transporte Gabriel García Morales, condenado por delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, por haber recibido 6.5 millones de dólares para favorecer la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol; el exsenador Otto Bula, por intervenir en el contrato para la vía Ocaña – Gamarra que ejecutó la Concesión Ruta del Sol S.A.S., firma de la que hacía parte Odebrecht, y el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, condenado por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Activar la justicia colombiana en torno al mayor caso de corrupción conocido en Latinoamérica no ha sido fácil, como ocurre con muchas de las actuaciones irregulares que involucran dineros públicos. Se vuelve complejo judicializar a los implicados quienes una vez sienten la lupa de los fiscales y los jueces, emigran a países donde pueden lograr cierta inmunidad. Por lo menos 145 cuentas fueron abiertas en bancos que representan paraísos fiscales, donde no se revelan los nombres de los titulares de los movimientos bancarios.
Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos evidenciaron toda la entramada que se tejió en torno al caso Odebrecht, con millonarios sobornos, detrimento en los recursos públicos, elefantes blancos y sobrecostos en las obras, que llevaron al desfalco de las entidades estatales.
