Ha sido una constante en la historia universal la migración de personas entre Estados, imperios, etc. Las causas de ello son diversas –guerra, persecución o convulsión política, crisis económica, inseguridad alimentaria…- y pueden llegar a convertirse en obstáculos o en oportunidades para el desarrollo de las sociedades.

Este es uno de los grandes retos del siglo XXI. La práctica internacional entre las democracias así lo evidencia. En efecto, en muchos lugares del planeta existen situaciones humanitarias complejas tanto para los Estados de origen de los migrantes y refugiados, como para los Estados de recepción de los mismos: Etiopía, Guatemala, Honduras, México, Somalia, Uganda, Siria, etc.

Para no ir tan lejos las fronteras colombianas con Venezuela, en especial Cúcuta, están viviendo una diáspora de venezolanos que cada día aumenta, y comienza a generar contextos humanitarios complejos como son jóvenes en la calle, familias viviendo en parques, criminalidad organizada, competencia desleal en materia de empleo formal, informalidad, violencia, etc.

En ese entendido es importante decir que los venezolanos no son criminales. Son hermanos que están sobrellevando una situación política y económica sin precedentes, en mayor medida por la inseguridad alimentaria, la crisis de acceso a la salud integral, etc.; lo cual ha generado desplazamientos masivos hacia nuestra tierra. Sin embargo, las soluciones para estos fenómenos no son fáciles, requieren capacidad financiera, institucional, voluntad y hermandad de cooperación de la ciudadanía.

El gran objetivo entonces es no solo crear políticas públicas sustanciales para atender a los inmigrantes, sino acompañar al municipio de Cúcuta, con el Departamento, el Gobierno Nacional, así como con la comunidad internacional (la ONU y sus organismos adscritos y vinculados, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc.) para poder dar respuesta efectiva a esta realidad.

Lo anterior es una cuestión de talla internacional que requiere no solo voluntad de los Estados sino también obligaciones exigibles en cabeza de estos. Así, desde septiembre de 2016 la práctica internacional ha llevado a que bajo el auspicio de la Asamblea General de la ONU se adoptara una serie de compromisos para mejorar la protección de las personas en condición desplazada a través de la expedición de la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes.

En dicho documento los Estados declaran su profunda solidaridad con las personas que se han visto obligadas a huir; reafirman sus obligaciones de pleno respeto de los derechos humanos de refugiados y migrantes; y brindan su firme apoyo (financiero e institucional de cooperación) a los países afectados por grandes desplazamientos de personas. 

En ese sentido, la comunidad internacional se ha comprometido a celebrar en el corto plazo dos pactos mundiales que tendrían la categoría jurídica de tratados internacionales los cuales involucran los dos temas mencionados: migrantes y refugiados.

Por todo lo anterior, el tema de la migración de venezolanos es un tema álgido muy serio, y este debe llevar a la adopción de políticas públicas permanentes de parte de todas las instancias gubernativas, así como de cooperación internacional a efectos de dar cumplimiento a los compromisos que contempla la Declaración de Nueva York. No se tiene que hablar de temporalidad en las ayudas a los inmigrantes, sino de construcción y vinculación al tejido social de estas personas como ciudadanos plenos.