Como si no fuera suficiente trabajar por debajo de las normas contempladas en la Resolución 1058 del 2010, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a los médicos rurales, o que cumplen con su servicio social obligatorio en los diferentes hospitales o centros de salud de la antigua provincia de Ocaña, o en toda la zona del Catatumbo, están expuestos a los graves riesgos que se derivan del conflicto armado que todavía azota a nuestro país.
Los casos ocurridos recientemente en los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, deberían prender las alarmas del gobierno nacional, para ofrecer las garantías a tiempo y no esperar que los inexpertos galenos sean blanco de los actores armados.
Los lugares donde atienden los neófitos facultativos, durante el día o la noche, escasamente cuentan con la vigilancia de personas inexpertas, de manera que en momentos críticos, cuando aparezcan familiares dolidos, o ebrios, de pacientes heridos en riñas, no solo entorpecen su vital labor, sino que proceden a agredirlos, tanto verbal como físicamente.
No obstante el desamparo, que puede ser mortal, la policía no puede auxiliarlos, porque en varios municipios de nuestra convulsionada región, los uniformados son víctimas de francotiradores de la extrema izquierda, y así se presenten situaciones graves como la que aconteció en La Playa, los agentes deben quedarse “encuartelados”.
Otra de las amenazas que se ciernen sobre los rurales es la manera como deben presidir las remisiones hasta un segundo nivel en esta ciudad, lo hacen sin ninguna protección, y expuestos a ser detenidos en las carreteras por guerrilleros, paramilitares o los enemigos de los pacientes , que hayan resultado afectados por atentados o por peleas, con la intención de tomar venganza.
Como si no bastara con las difíciles pruebas que tienen que afrontar, las condiciones laborales son inhumanas, muchos de ellos trabajan 60 horas semanales y con disponibilidad las 24 horas, de manera que después de largos y duros trasnochos, no pueden conciliar el sueño, porque están pendientes de cuando los llame al celular el gerente, o cuando toque la puerta el conductor de la ambulancia para una remisión.
Para completar el drama de los noveles médicos, les corresponde adelantar las necropsias de las personas que mueren violentamente, y tener las presiones de la policía y, léase bien, de los propietarios de funerarias, que como verdaderos “chulos” acuden a los lugares donde mueren seres humanos en accidentes de tránsito, por intolerancia, o en medio de la confrontación armada, así los hechos hayan ocurrido fuera de la jurisdicción municipal, y cuando el pobre rural aduzca algún impedimento, le mandan a los familiares del muerto.
No son pocos los casos en que los gerentes de los hospitales o centros de salud terminan con demandas por acoso laboral, porque la explotación es inmisericorde, y porque casi siempre lo que pactan no aparece en el contrato , o si queda establecido, aducen que se equivocaron, pero nunca en contra de la parte patronal.
Por las razones anteriores, hay varios municipios sin médicos rurales, porque el maltrato y la desprotección , obligan a las renuncias constantes. Y si alguno de ellos, de manera involuntaria acude a cualquier vereda a atender heridos “ilegales”, víctimas del conflicto, se les vendrá encima la Fiscalía.¿ Qué diría el sabio griego, Hipócrates, sobre todo esto?