Los colombianos somos dados a proponer soluciones mágicas a nuestros problemas simplificando los conceptos. Uno de ellos es la “reformitis”: Reformar la Constitución, las Leyes, la Justicia, las entidades, - o cambiar unas por otras para hacer lo mismo-  etc, pero no se considera reformar el comportamiento ciudadano.

Con la llegada del nuevo gobierno, casi solamente, se habla de la “reforma tributaria” como si fuera lo único para solucionar las graves dificultades del país; y se simplifica de tal manera, que los medios aseguraban que el nombre del nuevo ministro de hacienda era fundamental para “tranquilizar a los mercados”.

El régimen tributario es esencial para orientar al Estado porque, desde hace mucho tiempo, está ideado para hacer una redistribución de la riqueza en favor de los más pobres, pero no es la única herramienta. Lo más importante no es que el gobierno sea “rico”, (recordemos a Venezuela), sino que el estado se ocupe en mejorar las condicione de vida de los ciudadanos.

El artículo 334 de la Constitución Colombiana señala que “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano... “

Lo que el país requiere es una “política tributaria”, es decir, considerar los impuestos como parte de un sistema con el fin de ejecutar un programa gubernamental para impulsar la economía, favorecer el fortalecimiento de empresas productivas, estimular el emprendimiento ciudadano y aliviar las desigualdades de la sociedad. Sólo así se consigue crear empleos y disminuir la pobreza.

El artículo 333 de la Carta señala, también, que “La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”

Por su parte, el gasto público es un instrumento para estimular la economía generando empleos mediante la construcción de obras públicas, la prestación de servicios, la participación en empresas de economía mixta, etc. Y, por eso, los ingresos del gobierno deben tener una clara orientación productiva y de mitigación de la pobreza. Como en todo proyecto, se debe saber qué es lo que se va a hacer y cuánto vale.

Pensar solamente en aumentar el recaudo puede ser una visión recortada de la función pública. Hay que valorar los dos extremos de las finanzas gubernamentales: el ingreso, proveniente de los impuestos y otras fuentes; y el gasto que debe ser productivo y con contenido social.

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