Está circulando en las redes sociales, un video que evidencia la reunión sostenida entre funcionarios de la Gobernación, delegados de los ministerios de Transporte, Industria y Comercio y de la Cancillería. El objeto de los visitantes era conocer los avances de la aplicación del Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017, relacionado con la internación de vehículos con matrícula extranjera.
Tal como sucedió, los funcionarios capitalinos indagaron los avances del cumplimiento de la precipitada norma y lo que no esperaban era que alguien saldría en defensa de los miles de ciudadanos que poseen estos vehículos: Martín Martínez, secretario de Hacienda del Departamento.
Su criterio, coincide con la posición de alcalde César Rojas, cuando solicitó la revocatoria de dicho acto administrativo, por marcados inconvenientes en su aplicación y desorientación jurídica.
Al respecto, pasados más de 120 días de su expedición y según lo declarado por el funcionario Martínez, la administración no ha avanzado nada en el asunto, por cuanto el Gobierno Nacional no ha modificado el decreto principalmente en lo relacionado a la fecha de internación, el valor del impuesto, la vigencia del permiso y la circulación de dichos vehículos al interior del país.
Infortunadamente, los artífices de tamaño engendro de decreto, han plantado su posición en el aforismo romano “Dura lex, sed lex”, que traduce “Dura es la ley, pero es la ley” y todo tendría sentido si no hubiesen desconocido el criterio de nuestras autoridades que no se niegan a cumplir el mandato, sino a que se ajuste el acto administrativo al resultado consensual de todos los actores.
Martínez se ha caracterizado por posturas firmes en su cargo y ajustadas en derecho, con alto riesgo de su vida, en asuntos de informalidad y contrabando, independientemente de sus justas aspiraciones políticas.
Dada su formación de hombre de frontera, lo considero como una persona con capacidad de decisión, sin que lo anterior signifique que formo parte de sus filas, sino que coincido con su postura ante tan evidente injusticia disfrazada de decreto. Además, aclarar que soy partidario de que todo vehículo de matrícula extrajera que transite en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, deben pagar por utilizar las vías.
Flaco aporte hace el Estado ante la situación de los propietarios de estos vehículos y al respecto sería bueno conocer: ¿qué tiempo requiere la Policía Nacional para verificar los antecedentes y originalidad de 60.000 automotores? ¿En qué sitio de la ciudad ubicarían la misma cantidad de vehículos, en caso que decidan aprehenderlos y decomisarlos por contrabando? ¿Cuántos propietarios estarían dispuestos a llevar a territorio hermano su vehículo para realizar la misma acción, tal como lo contempla el Parágrafo Transitorio 3 del Decreto de internación?
De seguro son muchos más los interrogantes que los mensajeros de cada ministerio serían incapaces de resolver, habida cuenta que a la fecha no reconocen el error cometido, arrastrando a los más altos funcionarios del gobierno, motivo por el cual acompaño la postura de Martín.
