En Venezuela, la oposición está cada día más cercada: Nicolás Maduro perdió totalmente la verguenza de irrespetar las más mínimas reglas de la democracia, como son la división de poderes, el respeto a los derechos de la oposición, y el gobierno a través de la constitución y la ley. Se quitó la careta para mostrar su más fiera cara de dictador. 

El último ejercicio electoral para la elección de gobernadores pisoteó de tal manera a la oposición y al pueblo que la sigue, que los dejó con pocas alternativas para el futuro. 

Con trampas y chanchullos el partido de gobierno se adjudicó 18 de las 23 gobernaciones que estaban en juego. 

Si los cinco gobernadores de la oposición que fueron “elegidos” no se posesionan ante la Asamblea Constituyente y reconocen su autoridad, quedarán por fuera o irán a la cárcel. 

Para la Conferencia Episcopal venezolana, “estas elecciones...han generado nuevas dudas e interrogantes y han abierto la puerta a mayores tensiones y conflictos frente al futuro de nuestro país”. Los obispos repudiaron que el Consejo Nacional Electoral “se haya mostrado una vez más como un árbitro parcializado, al servicio del partido oficialista”.

¿Qué hacer entonces?

De acuerdo con el Presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, “la frustración y división en la oposición hacen difícil su consolidación interna”. 

De allí que considere que “el primer reto de la oposición ahora es buscar una metodología para dirimir sus diferencias internas”. 

Este ha sido y sigue siendo el problema mayor de los miembros de una oposición que hasta ahora no han logrado ponerse de acuerdo en tácticas y estrategias básicas para la lucha contra el dictador y en un mensaje unificado. 

Sus líderes siguen enfrascados en pequeñas peleas por unos espacios políticos que cada vez se les cierran más y en una competencia de vanidades sin sentido. 

La oposición está pensando, a partir del lunes, llamar a la población para que salga a las calles. La lucha en las calles, ensayada durante algunos meses, se desgastó y es difícil que el pueblo opositor vuelva a salir masivamente, a corto plazo, a protestar.  A menos que los miembros de la oposición logren ponerse de acuerdo en un mensaje de impacto y en un liderazgo unificado, que podría ser ejercido por cada uno de los dirigentes de los principales partidos y movimientos, de manera rotativa y por períodos de tiempo acordados.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe incrementar su presión. Los Estados Unidos adoptó una serie de sanciones contra ciertos dirigentes del gobierno y las fuerzas armadas. Esas sanciones son efectivas, ya que tocan los bolsillos de los implicados a quienes se les congelaron los activos que tenían en el territorio norteamericano y se les cancelaron sus visas. La Unión Europea se ha demorado demasiado en decidir sanciones semejantes, para cercar a los miembros principales del régimen y de las fuerzas armadas que lo apoyan. Si lo hicieren, el gobierno de Maduro quedaría todavía más aislado internacionalmente y sólo le quedarían como apoyo las grandes potencias de Rusia y China, y la pequeña Cuba.

Existen dudas sobre si los Estados Unidos debería incrementar sus sanciones a Venezuela, mediante el bloqueo de sus ventas de petróleo. Se piensa que las consecuencias recaerían fuertemente sobre la población venezolana, que ya sufre demasiado con la escasez de alimentos y medicamentos y con una inflación que el año entrante puede llegar a 1.200%. Pero si las cosas siguen como van y Maduro no da muestras de corregir el rumbo, la presión sobre el gobierno de Trump aumentará para que aplique más mano dura.

Mientras tanto, el impacto que la numerosa migración de venezolanos está teniendo sobre nuestras zonas fronterizas es muy grande y preocupante. Las medidas propuestas al gobierno de Juan Manuel Santos, por parte de organizaciones cívicas y económicas, para crear incentivos para las empresas que se establezcan en la región, deben adoptarse sin más dilaciones. El desempleo y la informalidad en ciudades como Cúcuta ya son explosivos. La inseguridad es rampante. Con razón, los cucuteños se sienten sitiados.

La decisión de ofrecer visa de residente a los venezolanos que hayan migrado legalmente es humanitaria. De igual manera, su acceso a los servicios sociales y de salud. Sin embargo, el gobierno colombiano debe suministrar los cuantiosos recursos que se requieren para seguir ofreciendo esos servicios a los venezolanos, sin que se afecte más la calidad de los que se ofrecen a nuestra propia población.