Cualquier ciudad comercial y fronteriza es más propensa a la informalidad que aquellas en donde el tejido económico mezcla factores como el industrial o agrícola, o el de bienes y servicios a gran escala. Una retrospectiva rápida, que nos lleve a la Cúcuta de los años 80 o 90, comprueba lo anterior. El flujo de venezolanos era constante, dado su mayor poder adquisitivo. Los vendedores ambulantes, arrastradores y cambistas hacían parte del paisaje urbano, ocupando el espacio público. La ciudad tenía su propia dinámica comercial, en medio de una amplia circulación de dinero, y una informalidad aceptable.
Hoy, sin embargo, todo es diferente, porque entre la creciente pobreza estructural, la galopante informalidad, la migración desordenada, el aumento de la drogadicción, la mendicidad desbordada, y la incontrolable ocupación del espacio público, se tejen vasos comunicantes que delatan la incompetencia progresiva de la institucionalidad municipal. Por si fuera poco, la inseguridad es alarmante, no sólo por los hurtos y atracos cotidianos, sino por los homicidios, que superaron los 300 en 2022, cuyas modalidades horrorizan, a juzgar por los descuartizados de hace unas semanas, o los hornos crematorios en el corregimiento de Juan Frío hace unos años.
Ese rompecabezas de degradación regional y local lo completaron dos factores: una frontera que se cerró en agosto de 2015, generando múltiples formas de ilegalidad y criminalidad; y, una extensa zona, el Catatumbo, que se convirtió en despensa y joya del narcotráfico, en donde la guerra por el territorio, con sus funestas consecuencias, se refleja en la ciudad y su área metropolitana.
Ante esta dura realidad, compuesta por factores que convergen, la informalidad no puede verse como un problema sino como un modus vivendi que merece un profundo análisis sociológico. Para comprenderla, es menester categorizarla y segmentarla, superando la dialéctica entre economía formal y economía informal. Desde luego, hay que proteger y fortalecer la economía formal, que representa trabajo organizado e impuestos de manera regular, pero sin estigmatizar la economía informal. Baste invocar una regla base de la democracia, la ley de las mayorías, para trasladarla a la economía cucuteña y concluir que el 70% de su población activa laboral se mueve en la informalidad.
Con esa premisa en mente, hay que entender sus distintas facetas. A manera de abrebocas, con las limitaciones de esta columna, digamos que algunas rayan en la necesidad, verbigracia, la señora cuyo sustento familiar es la venta de pasteles en una esquina. En este evento, la colisión entre el derecho al trabajo y el espacio público es poco trascendente. Encontramos muchos casos similares que merecen protección y pueden organizarse, inclusive bajo la recuperación y/o cuidado del espacio público.
Cosa distinta es la informalidad, por ejemplo, del microtráfico o la prostitución, como sucede en los alrededores del parque de la iglesia de San Antonio, o por las noches en algunas calles del barrio latino y otras zonas de la ciudad. Tampoco es aceptable la ocupación de la avenida sexta por tres o cuatro casetas cuyo propietario lo es al mismo tiempo de un local del centro comercial aledaño, quien paga el salario mínimo o menos a quienes le trabajan las casetas. Del mismo modo, no es lo mismo vender productos nacionales que productos extranjeros de contrabando, o aquellos que son clara expresión del lavado de dinero. En ese inmenso desafío, también están la mendicidad y drogadicción, cuyos matices demandan diferentes alternativas de solución.
El tema, aunque difícil, puede ser atenuado en su impacto, pero entendiendo que la informalidad no se puede generalizar para meterla toda en un mismo costal. Es viable formalizarla gradualmente, reduciéndola al 60% en un año, y en dos al 50%, y en tres al 40%. Se necesitan voluntad política y corazón social, valga decir, empoderamiento institucional y ciudadano con base en la solidaridad y la prevalencia del interés general. Alcanzar una informalidad aceptable es un reto para todos los cucuteños.
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