El cargo de director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, es el más sacrificado del servicio público en el país. Entendible por la cantidad de conflictos que maneja y la ingrata tarea de encargarse de las medidas de seguridad impuestas a personas sindicadas o condenadas por diferentes delitos, atención a la población intramural y la resocialización de los privados de la libertad, como funciones principales. A los problemas de corrupción se suma la falta de infraestructura para la demanda carcelaria, escaso personal de guardia para vigilar a los detenidos, ineficiencia en la ejecución y una organización de trabajadores con 82 sindicatos que hace inmanejables las relaciones laborales.
Es inadmisible que en una sola entidad exista tal cantidad de sindicatos. No todos cumplen con la finalidad de las asociaciones de trabajadores cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. La razón de ser de algunas de estas organizaciones es buscar beneficios para quienes ostentan la calidad de aforados, que no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias.
El sistema penitenciario del país es un monstruo de mil cabezas difícil de derrotar. Desde 1992, cuando dejó de ser la Dirección General de Prisiones para convertirse en el Inpec, muchos nombres han desfilado como directores, con diferentes perfiles. Luego del fracaso de varios civiles, que tenían un enfoque administrativo, se decidió porque un oficial activo de la Policía sería el más idóneo para dirigir las prisiones, por la autoridad y disciplina que imponen, pero tampoco ha sido la solución para todos los males del sistema y no lo será hasta que exista una voluntad real para definir la política carcelaria y el compromiso de mejorar sus recursos.
La ingratitud de ese despacho quedó demostrada con la salida del general William Ernesto Ruiz Garzón, quien fue removido luego de la fuga de la excongresista Aida Merlano, en el más mediático episodio de los últimos años. Un oficial con excelente hoja de vida y amplia experiencia en la Policía sacrificado por la fuga de uno de los 125.337 internos en Colombia. Por estas irregularidades que compromete a agentes del Estado tiene que haber responsables, pero ello se determina al final de las investigaciones que adelanten las autoridades competentes.
Es ingrato el cargo porque en otras entidades con escándalos de corrupción y hechos que deslegitiman la función pública las cabezas visibles no son las llamadas a responder, mandos medios asumen esa responsabilidad.
La reforma al sistema carcelario no puede esperar. Es imperativo que el Congreso se ocupe de legislar para hacer un cambio en la manera como se administran dichos establecimientos. Un déficit de personal para vigilar a los privados de la libertad en los 134 penales, sobrepoblación de 45.000 internos que se refleja en el hacinamiento del 55.95%, realidades paralelas en las reclusiones donde se dictan normas de comportamiento propias y un presupuesto insuficiente, hacen que el INPEC sea una institución sin dientes.
Si no existe una verdadera política penitenciaria, quien sea nombrado como director estará destinado a ser sacrificado cuando explote una de las tantas bombas de tiempo que yacen en el interior de sus muros.
@WilsonRuizO
