El jueves de la semana que pasó, se registró un aparatoso accidente en una de las calles de la 1ª Etapa de la ciudadela Juan Atalaya en la que fue arrollada una ciudadana que se encontraba sobre la vía, muy cerca al vehículo de su propiedad, quien no supo qué sucedió dada la rapidez de los hechos.

Con base en la noticia y los videos difundidos, se trata de un conductor de profesión sacerdote, Párroco de la Iglesia San Pío X, quien según el reporte de la Policía Nacional, se encontraba bajo los efectos del alcohol en Grado 2. Como consecuencia, le impusieron un parte, le inmovilizaron la camioneta y le suspendieron la licencia de conducción, situación divulgada por lo medios y redes sociales.

De igual manera, se supo que “La decisión que tomaría el administrador de la diócesis implicaría el traslado a otra parroquia, dado que los hechos, que causaron indignación en la comunidad, le impedirían al párroco prestar servicio apostólico en dicha área de la ciudad de Cúcuta.”

El caso en mención tiene características muy especiales que vale la pena examinar, puesto que no se trata de un parrandero, como muchos en la ciudad, sino de uno de los representantes de la iglesia católica que infortunadamente entró en las estadísticas más reprochables en materia de movilidad como lo es, conducir en estado de embriaguez. 

Solo el mismo sacerdote sabe a ciencia cierta, cuál era el nivel de alcohol en la sangre que tenía en el momento de los hechos y también, cuáles fueron las posibles causas para perder el control del automotor adicionales al licor, motivo por el cual más allá de un arrepentimiento, debe sincerarse con las autoridades para facilitar el proceso que no puede ser en ningún caso las medidas tomadas inicialmente porque para nadie es un secreto que en casos similares y de menos impacto, el conductor es conducido a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) adscrita a la Fiscalía General de la Nación, aunque parece que esto no sucedió. 

Más lamentable, la postura del representante de la Iglesia Católica en Cúcuta, quien entregó tibias declaraciones indicando el posible traslado del cura, como si cambiando de sitio de trabajo a una persona se le exonera de la responsabilidad penal que le asiste ante un hecho tan grave. 

Considero que la familia de la señora que sufrió el accidente, no debe ser revictimizada al no encontrar apoyo en las diferentes autoridades que por el momento han tratado el asunto con “guantes de seda” para que no se note el escándalo, motivo por el cual, la alta jerarquía eclesiástica, debe ajustar la miopía legal hasta ahora mostrada frente un presunto delito por parte del conductor, puesto que salvar almas no es sinónimo de laxitud, así ese tipo de acciones no hubiese sido con dolo. 

De igual manera, reprochable la actitud policial si no siguieron el protocolo ante tales situaciones, toda vez que eso también sería muy grave porque el hecho de que sea un pastor que predica el Evangelio, no le exonera de las responsabilidades  como consecuencia de tener la botella debajo de la sotana.